No es arte de magia ni resultado del deterioro con el paso del tiempo, sino simplemente la decisión de lo que ayer sí y hoy no, de manera que, para bien o para mal, se sigue cumpliendo el principio clásico de que todo fluye como el agua en el río que nunca pasa dos veces por el mismo sitio. Hay para pensar, pero no se hace por falta de hábito personal o por circunstancias ajenas muy poderosas.
Ahora resulta, no es la primera vez, que tras el reconocimiento y aceptación de irregularidades en un organismo, producto de las decisiones y acciones de sus integrantes, se saca el hacha y se corta de raíz con el argumento de que es “inconstitucional el decreto que creó la Ley del Consejo de la Judicatura, mediante el cual se eligió a los consejeros, el inspector general y el adjunto”.
El decreto como tal no va respingar, así es mejor dirigir el bate contra él y dejar como dice la canción que la vida siga igual a la espera de otro parto que quizás en la adolescencia de la criatura se le niegue la existencia legal. Si sirve de consuelo, a reglón seguido se anuncia la redacción de una nueva ley que establezca la selección y nombramiento de los consejeros, tarea de la Corte y no del organismo político, el Poder Legislativo.
Claro que el anteproyecto, como documento inicial, habrá de recorrer la ruta hacia el proyecto cuando se presente en el Congreso y ahí es donde la burra botó a Genaro, puesto que falta mucho aún para desligar por completo la justicia de la pugna política. El peregrinaje del Poder Judicial, como cuota política, ha evidenciado la debilidad de este poder del Estado, cenicienta de los otros dos.
Y cuando apareció el Consejo de la Judicatura para agilizar la labor en la Suprema Corte, desligángola de la labor administrativa y nombramientos, resultó peor el remedio que la enfermedad por las personas y por el poder que se les confirió que, en palabras del exmagistrado Tomás Arita, dio pie para que los consejeros “pensaran que eran una paralela a la Corte Suprema”.
La inconstitucionalidad del documento publicado en el diario oficial La Gaceta, el 28 de diciembre de 2011, devuelve las cosas al lugar anterior, es decir, al presidente de la Corte Suprema, quien queda con todas las atribuciones para manejar el personal y desarrollar la labor administrativa. Esperemos que esta labor ejecutiva esté marcada por la división, asignación y coordinación de las tareas para no afectar el área jurídica, responsabilidad prioritaria de jueces y magistrados.
