Al delincuente, sea de cuello blanco o azul, asumiendo la presunción de inocencia y otorgándole el debido proceso, si es vencido en juicio, la sanción correspondiente contemplada en la legislación. Al honesto, al que transita por la vida de acuerdo a los cánones de la moral y la ética, el estímulo adecuado, la concesión de oportunidades para su mejora material e intelectual.
El voto ciudadano se debe pensar y actuar en función de la meritocracia, vale decir escoger para conducir los destinos de la patria a quienes poseen una trayectoria pública admitida y reconocida por sus logros y desempeños acumulados en el servicio público, en la empresa privada o en el ejercicio profesional antes que en la partidocracia, esto es favorecer con nuestro voto a las y los compatriotas que viven y laboran en función del bien colectivo y no del provecho personal y familiar.
Y, pese a la aguda crisis en valores, los ha habido, se encuentran. Nuestra historia electoral incluye a caballeros que se postularon para llegar al Poder Ejecutivo y poder poner en práctica sus ideales de desarrollo y progreso, para provecho del mayor número posible de sus compatriotas y no de élites consolidadas o emergentes.
Recordemos a un Jorge Bueso Arias, a un Hernán Corrales Padilla, a un Enrique Aguilar Cerrato, el primero postulado por la corriente moderna de un partido histórico, el segundo y tercero por partidos emergentes, con idearios frescos acompañados de planes de gobierno. Lamentablemente, al momento de depositar el voto, privó en el sentir y actuar de la ciudadanía el tradicionalismo político, el llamado del caudillo, el discurso emotivo antes que el racional, el que apela al sentimiento no al intelecto.
Al no ser electos, desperdiciamos oportunidades de contar con regímenes de integración nacional, tal como establece nuestra Constitución Política en su artículo 5: “El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la integración nacional...”.
Fue así que salieron electos hombres que carecían de méritos y capacidades para conducir el rumbo y orientación del país por las rutas del honor y del progreso, imbuidos de sectarismo e intolerancia, algunos abiertamente represivos y cleptómanos, saqueando el erario público para alcanzar el rápido enriquecimiento, con ello empobreciendo más y más a las mayorías.
Desde ahora y en función de las elecciones del próximo noviembre debemos sopesar y meditar objetivamente por quienes favoreceremos con nuestro sufragio en los tres niveles: presidencial, legislativo, municipal.
No nos dejemos llevar por la demagogia, tampoco por apariencias físicas, ni por edad cronológica. Lo importante y esencial radica en la trayectoria, la visión y misión de cada uno (a) de los (as) postulantes, su compromiso permanente con la justicia, la dignidad, el bien común.
