Como era de suponerse, el Congreso Nacional no superó la prueba a la que le sometió el CNA. La revisión de algunas variables elementales le han permitido a Gabriela Castellanos y a los miembros de su equipo concluir que la actual legislatura, presidida ilegalmente por Luis Redondo, es incompetente, poco productiva en términos de interés en los temas de Honduras y, en momentos, su funcionamiento es poco ético y considerado, de cara a la crisis que vive el país, y los gastos, por algunos, desmesurados por parte de los legisladores.

Es necesario hacer algunas precisiones. La actual legislatura es en términos de la operatividad de su junta directiva, ilegal. Fue elegida en una sesión tumultuosa, sin quórum comprobado y entre empujones y otras malcriadezas mutuamente inferidas entre los legisladores, juramentada por un congresista, Rasel Tomé, sin calificación para tomar la promesa de ley y, además, legalmente incapacitado incluso para estar presente en el hemiciclo. Este antecedente es la primera base en que se sustenta el análisis del CNA, que no debe pasarse por alto. La segunda cuestión que le aporta falta de credibilidad y poca eficiencia en términos de resultados tiene que ver con la incompetente dirección que le ha imprimido Luis Redondo. Esta es una personalidad gris, como casi todos los presidentes del Congreso, que además exhibe inclinaciones autoritarias, basadas posiblemente en la conciencia de sus propias inseguridades personales, que tienen que ver con su escasa formación jurídica, su limitada experiencia legislativa y la presencia en acciones deportivas que no le apuntan a una imagen respetable. Haber sido “tamborista” no prestigia a ningún legislador.

Pero, además, Redondo no acepta la ilegitimidad suya y de sus compañeros –lesionados severamente por la inclusión de dos de sus vicepresidentes en la Lista Engel–, por lo que no ha hecho ningún esfuerzo para trabajar en la búsqueda de una cercanía a los sentimientos populares. Más bien, ha tenido en muchos casos un comportamiento irrespetuoso: darle la espalda a sus compañeros diputados, a los que debe servir y atender, proyectando una imagen de un hombre innecesariamente arrogante, como muchos de los políticos de discreta estatura y que usan barba para recordarnos una superioridad masculina que no siempre es real, que no respeta incluso la Constitución de la república.

El documento que publicara para mostrar –en forma innecesaria– su desagrado en contra de la forma como la Constitución establece la Junta Nominadora y sus funciones en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no le hizo bien a su imagen de probo legislador, obediente solo a las normas constitucionales.

Pero no todo es culpa de Redondo. Él no es un gran líder, por ello sus culpas son pequeñas y limitadas. También tiene que ver su negligencia en reformar el reglamento interno, que sigue operando en forma autoritaria, impidiendo la participación y el respeto por la bancada de Libre, que torpemente no entiende que debe mostrar calidad, inteligencia y habilidad en la discusión, más que autoritarismo ganadero y, menos, ruralidad irrespetuosa.

Lo que cabe entonces –y aquí Redondo tiene responsabilidades que no sabemos si honrará– es la honorable rectificación.

Cuidando las formas y preocupándose por los resultados. Y lo más importante, el país necesita un Congreso con diputados más humildes, que comparten los sacrificios con su pueblo y que no usen el dinero público para mostrar superioridad, sino que para servirnos. Ningún diputado puede vivir mejor que sus representados. No deben viajar en vehículos blindados, si el resto de los hondureños no lo hacemos, o evitar abusar de viáticos en momentos de pobreza, como los que sufre la mayoría de los hondureños.

las columnas de LP