Es alentador saber que dentro de los planes del nuevo presidente electo, está la austeridad. Lo hemos expresado en esta columna de opinión, que los problemas de nuestras finanzas públicas son consecuencia del desmedido gasto y de los constantes incrementos salariales en la administración pública que se llevan casi todo el Presupuesto General, sin dejar casi nada para obras sociales.
Fue precisamente el gobierno del presidente Maduro que introdujo todo un paquete de reformas para la contención del gasto público, como la Ley de Equidad Tributaria, la Ley de Racionalización de las Finanzas del Estado, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social y la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, que dictan medidas urgentes de austeridad para sanear nuestra deficitaria economía, legislaciones que los gobiernos posteriores no las aplicaron, ahora tenemos un Estado casi fallido y endeudado.
Para el caso la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas, que aún está vigente, establece que ningún servidor público deberá devengar un monto superior a los sesenta mil lempiras, ocurriendo en la actualidad que existen algunos que devengan hasta ciento cincuenta mil lempiras, sin contar los gastos de representación; se abusa en la asignación oficial de vehículos, lo que la Ley de Equidad Tributaria prohíbe, también se incurre en gastos excesivos a cuenta de viáticos al exterior.
De acuerdo a este conjunto de leyes fiscales quedaron suspendidos los aumentos salariales, las creaciones de nuevas plazas. Se racionalizó el gasto por telefonía celular, gasolina, pago de choferes y guardaespaldas, que se limitaron a dos, la contratación de personal, fiestas decembrinas, alquileres de edificios, cuyas rentas en su mayoría son una picota de oro, etc. etc.
Se ha mencionado que habrá un achicamiento del Estado, ya que en muchos casos hay hasta tres dependencias con las mismas funciones, como la Oficina del Comisionado de los Derechos Humanos, la Secretaria de Derechos Humanos y la Fiscalía de Derechos Humanos; existe una Procuraduría del Medioambiente y hay una Fiscalía con las mismas atribuciones, y así por el estilo.
Debe de haber también en nuestra opinión una “limpia” en el servicio exterior, pues hay embajadas que no tienen ninguna contribución para el país, por lo que deben cerrarse o manejarse como concurrentes, y reestructurarse algunos consulados que dejan, según los hondureños expatriados, mucho que desear por el grosero e ineficiente servicio que prestan.
Esperamos que el presidente entrante impulse como complemento a su anunciada austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas, cancelar los llamados “asesores” y los cargos inventados con rango de Ministros; no hay de otra, la austeridad se impone.
