En el gobierno central, la misma lentitud y burocratización hacen difícil hacer implementaciones. Si a esto se le suma la dificultad que tiene el servicio publico de atraer personas con competencias en tecnología, y que no se ascienda por capacidad técnica, esto hace difícil que siquiera se conciba la necesidad o la posibilidad. Por eso los trámites y administración pública se ven arcaicos, y cada vez se rezagan más.
La naturaleza de las soluciones generalmente es crear sistemas ad-hoc, y contratados de forma cerrada. Esto resulta en una multiplicidad de plataformas que no tienen capacidad de mejorar, y sin ningún incentivo institucional para hacerlo.
Sería más adecuado que las instituciones pudieran suscribirse de forma directa (sin intermediario) al proveedor originario del servicio (Microsoft, Oracle, etc.), las cuales van actualizando y mejorando sus productos de forma continua. La compra de servicios de forma consolidada puede dar aun mejores resultados, pero solo si se hace con el proveedor originario.
En las empresas estatales se da el mismo problema, aunque estas tengan mayor agilidad. Como la inversión en sistemas afecta los presupuestos del ejercicio anual, con beneficios a futuro, se tiene menos incentivo en hacerlas.
Es importante que las juntas directivas reconozcan esto y exijan inversión en estos temas a la administración, utilizando los mismos criterios mencionados anteriormente.
Para las actividades reguladas, el riesgo de recibir un sistema cerrado impuesto y la desconfianza a la regulación limitan la adopción de tecnología. Ejemplo: el transporte terrestre debería todo de pasar su facturación, y vigilancia de seguridad, a plataformas en nube. El Estado no debe limitar proveedores, ni pretender control sobre los sistemas.
