A menos de un mes de mandato, las nuevas autoridades gubernamentales han aprobado varios decretos de excepcionalidad, la narrativa oficial sostiene que encontró un país en “quiebra técnica”, lo que obliga a reestructurar las finanzas públicas.
En este sentido, estamos ante una paradoja, mientras los indicadores macroeconómicos muestran resiliencia, proyecciones establecidas por las autoridades monetarias hondureñas y el reconocimiento optimista por parte de los mismos Organismos Financieros Internaciones (Ofis) como el FMI, el discurso interno se centra en el colapso de dicha economía.
Es innegable que la nación arrastra problemas estructurales complejos; una deuda pública de más 17,000 millones de dólares, un presupuesto con alto nivel de rigidez, ya que aproximadamente el 80% se consume en gasto corriente y servicio de la deuda, un déficit fiscal cercano al 3% con relación al PIB.
No obstante, el argumento de mayor peso para el Ejecutivo es el drenaje que enfrenta la Caja Única del Tesoro (CUT) debido al incremento de los embargos judiciales que rondan al menos 3,000 millones de lempiras en apenas dos semanas.
Esta asfixia financiera ha dado paso para crear una gobernanza basada en la excepcionalidad. Bajo el argumento de la “emergencia”, el Gobierno ha intervenido tres sectores claves en crisis: sistema público de salud, autorizando compras directas, externalizando la responsabilidad constitucional del Estado.
Infraestructura vial, facilitando la adquisición de maquinaria pesada y contratación directa para bacheo. Recientemente, al ámbito fiscal mediante la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano”.
Desde una perspectiva académica, la primera inconsistencia de dicha ley radica en la desarticulación entre el nombre y el contenido de esta.
Aunque se titula “Reactivación y desarrollo”, el eje central es la contención fiscal para generar un plan de ahorro, invisibilizando los mecanismos claros para generar bienestar social en el corto plazo.
Asimismo, la ley menciona la mejora de los ingresos fiscales sin estipular las estrategias o herramientas, lo que abre la puerta a diversas interpretaciones; mayores cargas impositivas, ampliación de la base tributaria, revisión de beneficios fiscales, entre otras.
Un punto de alta sensibilidad es la potestad otorgada al Ejecutivo para revisar, anular o rescindir contratos, permisos, certificaciones y concesiones de manera retrospectiva.
Esta disposición genera una profunda incertidumbre jurídica y laboral, especialmente cual la misma ley no establece criterios claros para identificar supuestas irregularidades.
En este contexto, no se puede obviar que estructuralmente el clientelismo político suele tener mayor peso que la meritocracia, el riesgo de que la austeridad se convierta en un mecanismo para sustituir cuadros técnicos capacitados con experiencia por activistas políticos es latente.
Finalmente, el blindaje de la CUT ante embargos genera variaciones de paradigma, dado que se pasa de un modelo de pago de contado a uno de pagos diferidos según disponibilidad en las arcas del Estado.
Esto eleva la discrecionalidad al máximo, ya que se otorga a la Secretaría de Finanzas el poder de decidir a quién se le paga y cuándo.
Al priorizar la liquidez del Estado sobre las sentencias firmes, no solo se dilatan las obligaciones financieras, sino que se debilita la seguridad jurídica, enviando un mensaje negativo a los inversionistas y acreedores financieros, con la posibilidad de incidir en la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED) y el riesgo país.
Cabe aclarar que las autoridades gubernamentales han matizado el discurso, indicando que no hay “emergencia” cuando desde el inicio esa ha sido la narrativa, esto solo indica que son conscientes de que el término genera efectos colaterales y se observa cómo han cambiado la terminología utilizada para referirse al reordenamiento fiscal del país.
Por lo tanto, si la declaratoria de “quiebra técnica” se convierte en la forma común de administrar el Estado, se corre el riesgo de que la solución sea más costosa que la misma crisis.
La verdadera reactivación no vendrá de la discrecionalidad administrativa, si bien es cierto las dificultades de los embargos, el exceso de gasto corriente, la rigidez del presupuesto, son realidades asfixiantes, la solución no será cuánto se ahorrará ni la centralización del poder en el Ejecutivo o Sefin, por lo que dicha reactivación económica no se generará mediante decretos de emergencias, sino en la redistribución presupuestaria justa y equitativa que beneficie a la mayoría de los hondureños.
Que verdaderamente se invierta en actividades productivas generadoras de empleo, que el espacio fiscal al que se apunta se forje sin mayores cargas impositivas, pero sobre todo que el Gobierno trasmita confianza mediante el respeto y cumplimiento de las leyes.
