A partir de 1990, Honduras experimenta una serie de cambios estructurales sustentados en los pilares del Consenso de Washington; liberalización comercial y financiera, privatización y desregularización, las cuales se concretizaron mediante la implementación de la “Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía”, mejor conocida como “el paquetazo”, legalizado mediante el Decreto 18-90 en el gobierno de Rafael Callejas (QEPD). Esto reconfiguró la estructura económica y social del país, ya que puso en marcha un nuevo modelo económico que apuesta a la economía libre de mercado.
Estas reformas, sugeridas/condicionadas por el FMI, serían cruciales para el acceso a recursos financieros que mejorarían la estabilidad macroeconómica del país. Dentro de las condicionalidades prevalecieron la devaluación de la moneda, reformas fiscales como el incremento del impuesto sobre la venta, reducción de controles sobre las tasas de interés, austeridad fiscal, reducción del gasto social, así como la eliminación de controles de precios, lo que facilitaría el comercio. Quizá, esta narrativa histórica es altamente consabida por muchos hondureños, pues se empezó a vivir la era del neoliberalismo.
En una línea de tiempo de más de 30 años, los gobiernos subsiguientes al de Callejas continuaron solicitando apoyo al FMI, predominando las mismas condicionalidades. Esta práctica casi homogénea ha sido blanco de críticas por economistas ganadores del premio Nobel como Joseph Stiglitz; asimismo, estudios de Agencias de Cooperación como Oxfam, que arguyen que dichas condicionalidades son descontextualizadas, tipo recetas sugeridas/exigidas con resultados esperados aún deficientes.
Pero ¿qué ha logrado Honduras en el transcurso de más de tres décadas de apoyo por parte del FMI? Hay que destacar que dentro del patrón de préstamos ha sido uno de los acreedores financieros más importantes, ya que la inyección de recursos amortigua en parte las metas de país. Dichos recursos son difíciles de cuantificar con precisión debido a la complejidad de los acuerdos, los desembolsos por tramos, las variaciones en los tipos de cambio y el alivio de la deuda como la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).
Sin embargo, el impacto va más allá de la recepción de fondos, ya que la suscripción de acuerdos satisfactoriamente representa un sello de aprobación ante otros acreedores financieros, a la vez, incide en el riesgo país, generando credibilidad y políticas sólidas para atraer la inversión extrajera, creando un efecto catalítico.
Cabe destacar que, pese a la indispensable asistencia financiera del FMI a Honduras, los resultados no son suficientes aún, actualmente se posiciona como el cuarto país más pobre e inequitativo de América Latina con un aparato productivo debilitado, políticas sectoriales deficientes, incremento de la migración y otra serie de problemas económicos-sociales. Todo esto generado en gran medida por la prevalencia de gobiernos con prácticas cuestionables.
Sin embargo, ante la poca efectividad del apoyo financiero del FMI, este organismo continúa trabajando con países que solicitan su ayuda, mostrando variaciones epistemológicas y flexibilizando su agenda, ya que ha ampliado el espectro de lo puramente macroeconómico a lo macrosocial. Ahora, las condicionalidades enmarcan temas de gobernanza, combate a la corrupción, eficiencia del gasto social, empleabilidad, entre otros.
Asimismo, apoya países de porte progresistas como el nuestro, donde predomina un socialismo democrático con orientación política que combina principios como el pluralismo político, derechos humanos, apostando a un socialismo con mayor igualdad, justicia social y rol activo del Estado en la economía y lo social.
En este contexto, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro logra un acuerdo con el FMI en septiembre de 2023 por $830 millones, de los cuales a junio del 2025 ha recibido aproximadamente $470 en tres revisiones, destacando positivamente el manejo de la política económica por parte del gobierno, reflejado en los principales indicadores económicos del país.
Lo que llama la atención es que a pesar de la rigidez ideológica que lo caracteriza se observa una estrategia más sutil o una flexibilidad por parte de la institución. Esta aparente evolución hacia gobiernos progresistas como el nuestro puede interpretarse como un cambio en su lógica o un despegue de sus objetivos principales, que es fortalecer la economía del libre mercado.
Lo que sí queda evidenciado que independiente el tipo de gobierno este organismo exige condicionalidades que inciden la política económica, y el pueblo hondureño ya resiente efectos como la devaluación de la moneda e incremento de tasas de interés en el sistema financiero.
Por lo tanto, aunque el FMI ha aprendido a adaptar su lenguaje y sus instrumentos a cualquier tipo de gobierno que solicita apoyo, independientemente de la ideología, igual deberá cumplir dichas condicionalidades. A su vez, que aún los gobiernos progresistas necesitan de manera estratégica el apoyo del FMI y mientras no fortalezcan su estructura económica seguirán dependiendo de recursos externos.
