La reciente elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia por los diputados del Congreso Nacional nos ha dejado algunas enseñanzas claras y otras que debemos leer entre líneas. Si bien es cierto que muchos políticos las han calificado como un excelente ejercicio que demuestra el fortalecimiento del sistema democrático, aquellos que analizan más detenidamente las cosas pueden decir que esa aseveración está muy lejos de ser cierta y que, por el contrario, puso en evidencia las deficiencias de un sistema que está muy distante de ser considerado democrático. Veamos los argumentos. Nuestro marco jurídico establece que Honduras es una república democrática y que la soberanía, que siempre debe corresponder al pueblo, se ejercerá por representación. Esto quiere decir que los diputados son los representantes del pueblo y deben velar por los intereses de la república. Pero lo que vimos fue, o el resultado de una casualidad que bien podría registrarse en los libros de “record guinness”, o una antítesis del concepto más elemental de democracia porque todos los diputados de un partido, y la inmensa mayoría del otro votaron, casualmente, por los mismos candidatos, mientras la inmensa mayoría de los diputados de otros partidos políticos votaron nulo.
Si los diputados al Congreso Nacional son los representantes del pueblo ante un poder del Estado que se encarga de discutir, modificar y aprobar leyes, así como de elegir a las personas idóneas para ocupar cargos que garantizan el estado de derecho y la buena administración de los intereses de la república, los diputados deben tener la absoluta libertad de votar de acuerdo a lo que cada uno, a conciencia, considera que es lo que más conviene para la nación, y no como vimos, que los diputados votaron siguiendo instrucciones de sus jefes de bancada o de los “dueños” de los partidos políticos. Esto puso en evidencia, una vez más, que los diputados responden a intereses de los partidos políticos y de las elites políticas quienes a su vez podrían estar respondiendo a intereses de grupos y no a los intereses de nosotros, los hondureños.
Una república democrática no es aquella en la que los ciudadanos se limitan a ejercer el sufragio cada cierto tiempo, sino que se debe cumplir con el requisito de la representatividad, y para lograrlo se necesita que nosotros, el pueblo, podamos escoger a nuestros diputados libremente y no necesariamente entre aquellos que propone un partido o un movimiento político, pues de la forma que lo estamos haciendo actualmente los diputados deben su lealtad a aquellos que tuvieron la benevolencia de inscribirlos en sus movimientos o sus partidos políticos, y como su lealtad se la deben a ellos, en el Congreso Nacional van a defender los intereses de ellos.
El verdadero ejercicio democrático se llevará a cabo cuando todos los hondureños podamos ejercer el derecho constitucional de optar a un cargo de elección popular sin tener que ir a jurar obediencia a un “dueño” de movimiento, o de partido, para que nos incluya en su fórmula gubernamental.
