San Pedro Sula, Honduras.
La última apelación del Estado hondureño para combatir la corrupción puede parecer inverosímil, en uno de los países considerados como de los más corruptos del mundo, el Estado ha decidido lanzar el último grito de auxilio a la moral, la ética y los valores.
No es un descarte de la ley, si no un último y desesperado llamado a los funcionarios públicos para detener una maquinaria de corrupción que le arrebata un número de dos dígitos al producto interno bruto hondureño.
Ante la ineficiencia de las instituciones contraloras, ante la parsimonia de los que persiguen la acción penal y la indolencia de las mismas autoridades, el Estado está pidiendo prestado los valores de la moral y la ética para tratar de contener una avalancha de corrupción que amenazan al Estado mismo, a la supervivencia de la democracia y por qué no, al producto interno bruto de la nación.
El Instituto de Acceso a la Información Pública ha hecho obligatorio a partir de su publicación legal, la inclusión de la Cláusula de Integridad en todos los contratos suscritos por las instituciones estatales y los particulares. Dejando solo una línea divisoria tan leve el IAIP apela a las grandes fuerzas de la moral y la ética, línea tan débil que por momentos parecen ser las fuerzas determinantes de una contratación moral y ética del Estado, dejando de lado la canasta de leyes que rigen la conducta de los funcionarios públicos para dejarse en manos de los valores que proclaman la ética y la moral.
Nadie tiene duda que la sombra es la principal característica de la contratación estatal con los particulares, sean estos personas o empresas, y que, alejar esa sombría perspectiva de los negocios gubernamentales no es algo que se vislumbra en el corto plazo.
Nos encontramos de repente con un Estado más ético que legal o es una estructuración de una ética legal que se declara incapaz de actuar por sí misma y recurre a la ética interna como ciencia de la conducta, tratando de normar las acciones a las que la ley ya no encuentra cómo hacerlo.
Es una contradicción es sí misma esta decisión estatal en momentos cuando se ha aprobado una Ley de Secretos oficiales, cuando se ha censurado la divulgación de la información procedente de causas de violencia doméstica y en momentos cuando la transparencia es un valor de la información pública que cada vez está más opacado por el ocultamiento de información por parte de las instituciones del Estado obligadas por ley a divulgarla y a transparentar sus acciones.
El acceso de la ciudadanía a la información pública de parte de las instituciones públicas es cada vez más restringido y el Instituto de Acceso a la Información Pública no tiene una estrategia que le ponga realmente en contacto con la ciudadanía, y menos aún, no posee mecanismos que le den certeza y legitimidad a su función de ente fiscalizador de la información y la transparencia.
Anular los contratos donde no se incluya la cláusula de integridad es como anunciar que va llover y no llevar sombrilla, no tiene efecto alguno en salvaguardar los fondos públicos pues no se contempla de ninguna manera un mecanismo de restitución de los valores perdidos o una cláusula de penalización por prácticas corruptas, es decir seguimos tratando la corrupción con guantes de seda, dejando que sean la moral y la ética, las que ahora hagan el trabajo que todo el andamiaje de control y fiscalización estatal no han podido hacer durante décadas.
La última apelación del Estado hondureño para combatir la corrupción puede parecer inverosímil, en uno de los países considerados como de los más corruptos del mundo, el Estado ha decidido lanzar el último grito de auxilio a la moral, la ética y los valores.
No es un descarte de la ley, si no un último y desesperado llamado a los funcionarios públicos para detener una maquinaria de corrupción que le arrebata un número de dos dígitos al producto interno bruto hondureño.
Ante la ineficiencia de las instituciones contraloras, ante la parsimonia de los que persiguen la acción penal y la indolencia de las mismas autoridades, el Estado está pidiendo prestado los valores de la moral y la ética para tratar de contener una avalancha de corrupción que amenazan al Estado mismo, a la supervivencia de la democracia y por qué no, al producto interno bruto de la nación.
El Instituto de Acceso a la Información Pública ha hecho obligatorio a partir de su publicación legal, la inclusión de la Cláusula de Integridad en todos los contratos suscritos por las instituciones estatales y los particulares. Dejando solo una línea divisoria tan leve el IAIP apela a las grandes fuerzas de la moral y la ética, línea tan débil que por momentos parecen ser las fuerzas determinantes de una contratación moral y ética del Estado, dejando de lado la canasta de leyes que rigen la conducta de los funcionarios públicos para dejarse en manos de los valores que proclaman la ética y la moral.
Nadie tiene duda que la sombra es la principal característica de la contratación estatal con los particulares, sean estos personas o empresas, y que, alejar esa sombría perspectiva de los negocios gubernamentales no es algo que se vislumbra en el corto plazo.
Nos encontramos de repente con un Estado más ético que legal o es una estructuración de una ética legal que se declara incapaz de actuar por sí misma y recurre a la ética interna como ciencia de la conducta, tratando de normar las acciones a las que la ley ya no encuentra cómo hacerlo.
Es una contradicción es sí misma esta decisión estatal en momentos cuando se ha aprobado una Ley de Secretos oficiales, cuando se ha censurado la divulgación de la información procedente de causas de violencia doméstica y en momentos cuando la transparencia es un valor de la información pública que cada vez está más opacado por el ocultamiento de información por parte de las instituciones del Estado obligadas por ley a divulgarla y a transparentar sus acciones.
El acceso de la ciudadanía a la información pública de parte de las instituciones públicas es cada vez más restringido y el Instituto de Acceso a la Información Pública no tiene una estrategia que le ponga realmente en contacto con la ciudadanía, y menos aún, no posee mecanismos que le den certeza y legitimidad a su función de ente fiscalizador de la información y la transparencia.
Anular los contratos donde no se incluya la cláusula de integridad es como anunciar que va llover y no llevar sombrilla, no tiene efecto alguno en salvaguardar los fondos públicos pues no se contempla de ninguna manera un mecanismo de restitución de los valores perdidos o una cláusula de penalización por prácticas corruptas, es decir seguimos tratando la corrupción con guantes de seda, dejando que sean la moral y la ética, las que ahora hagan el trabajo que todo el andamiaje de control y fiscalización estatal no han podido hacer durante décadas.
