Honduras posee un sistema financiero sólido. Datos del Banco Central de Honduras (BCH) evidencian que esta es la actividad económica con mejor desempeño. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), correspondiente a abril del presente año, revela un crecimiento de 11.8 %, por encima de actividades como la agricultura, la construcción y el comercio, entre otras.
Asimismo, en términos del Producto Interno Bruto (PIB), el sistema financiero aporta anualmente al menos un 12%.
Sus utilidades superan los 3,000 millones de lempiras. A ello se suma la sofisticación digital derivada de la globalización, que ha convertido a este sector en la actividad económica con mayor implementación de recursos tecnológicos para maximizar su operatividad y generar condiciones competitivas a nivel regional.
Sin embargo, estas cifras macroeconómicas esconden otra parte de la realidad que enfrentan miles de hondureños que aún no logran acceder a los servicios del sistema financiero formal.
En un contexto donde la economía descansa sobre la informalidad -más del 70 %, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)-, los niveles de exclusión medidos por el acceso al crédito siguen siendo un reto, ya que apenas un poco más del 20% de la población en edad de trabajar tiene acceso a este importante producto financiero.
Al alejarnos de las edificaciones modernas de las grandes ciudades y adentrarnos en las zonas rurales, como el corredor seco y las regiones agrícolas y cafetaleras del país, las estadísticas se vuelven abstractas. Allí el dinero no se mide a través de clics ni de todas las bondades que ofrece la banca en línea, sino mediante la cruda posibilidad de sembrar o quebrar.
Para la gran mayoría de este sector, la banca tradicional no es una aliada, sino un mecanismo de exclusión, marcado por requisitos imposibles de cumplir.
Exigir una escritura pública o estados financieros para demostrar la fuente y estabilidad de ingresos a un pequeño productor, que muchas veces no busca más de L 5,000 para comprar fertilizantes, es sencillamente condenarlo a quedar fuera de la dinámica financiera.
Es aquí donde las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) dejan de ser un modelo alternativo para convertirse en un mecanismo de supervivencia económica.
Datos de Senprende y la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (Funder) indican que el país cuenta con al menos 2,019 CRAC formalmente estructuradas.
Tomando en cuenta que este mecanismo funciona como una especie de banco comunitario, administrado por los propios vecinos, donde todos ahorran dinero para prestarse entre sí con bajas tasas de interés y garantías solidarias, estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la economía rural de las zonas más postergadas del país.
Su principal activo es el conocimiento mutuo y la confianza comunitaria. Al ser administradas por los mismos habitantes de la aldea o municipio, estas estructuras reducen significativamente las brechas de información que tanto preocupan a los intermediarios financieros tradicionales.
Es importante destacar que varias de estas CRAC van más allá de su función financiera, principalmente las que operan con el acompañamiento de la cooperación internacional, que aportan en áreas de derechos humanos, generación de capacidades financieras y contables, con el propósito de contribuir al empoderamiento económico de las mujeres y de otras poblaciones en condición de vulnerabilidad.
El país cuenta con valiosas experiencias que podrían replicarse para fortalecer la inclusión financiera. Sin duda, el interés del Gobierno y de la cooperación internacional por masificar este modelo e inyectar fondos semilla a estas organizaciones representa un avance positivo, pero resulta insuficiente.
El dinero, por sí solo, no genera desarrollo si no va acompañado de una estrategia sostenida de asistencia técnica y educación financiera. De lo contrario, existe el riesgo de caer en el asistencialismo y, peor aún, en la politización de estos recursos.
El verdadero reto no consiste en impulsar una bancarización cosmética en territorios donde ni siquiera existe conectividad o acceso permanente a la energía eléctrica. La verdadera inclusión financiera será aquella que permita construir soberanía financiera para los sectores históricamente olvidados.
