Perdió la vista en su adolescencia, pero aun así Rubén Vásquez logró graduarse como abogado. Actualmente es director de la Escuela Luis Braille de San Pedro Sula y ostenta el premio Quetglas, que le fue otorgado el año pasado por la institución sampedrana Obras Sociales Vicentinas (Osovi). Como candidato a diputado por el nuevo Partido Naranja de Honduras (Panah) ha sido uno de los primeros en protestar por la propuesta, colocada sobre la mesa del Consejo Nacional Electoral (CNE), para adelantar la recepción de nóminas de candidatos a cargos de elección popular. Vásquez coincide con observadores políticos en que puede tratarse de un ardid del tripartidismo para sacar de la contienda electoral a los partidos emergentes.
El caso es que el CNE convocará a elecciones generales el 29 de este mes de mayo y, por consiguiente, las nóminas de candidatos a diputados, alcaldes, presidente de Honduras y representantes al Parlamento Centroamericano deben ser inscritas después de la referida fecha en un tiempo prudencial.
Sin embargo, un funcionario del ente electoral, en forma inconsulta, quiere que las nóminas de tantos aspirantes a cargos de elección popular que hay en el país sean oficializadas a más tardar el 10 de mayo.
Para los tres partidos que participaron en elecciones internas, esto no representa mayor problema porque ya están conformados sus cuadros, pero sí lo es para los restantes siete partidos, especialmente para el Panah, que lidera Raúl Peña Moreno, y el Partido Orden, coordinado por Víctor Chinchilla, los que participarán en elecciones generales por primera vez y no tienen el apoyo logístico y las estructuras que poseen “los dinosaurios” de la política hondureña.
La propuesta contraviene el artículo 213 de la ley electoral, el cual establece que los partidos que no participaron en las primarias internas deberán inscribir a sus candidatos a cargos electorales hasta que todos sean convocados a los comicios generales. Acelerar el cronograma electoral afectaría a los partidos emergentes, ya inscritos, porque correrían el riesgo de ser inhabilitados para las elecciones del 30 de noviembre si no lograran cumplir con el requisito repentinamente propuesto.
No se descarta que poderes externos al CNE estén tramando una estrategia con la intención de destruir cualquier fuerza política distinta al tripartidismo con el fin de consolidarlo.
Si eso así fuese, significa que los enemigos de la democracia no se han dado cuenta de que los mismos dirigentes de los tres partidos que participaron en las desastrosas elecciones del pasado 9 de marzo se están destruyendo entre sí mediante los dardos envenenados que verbalmente se lanzan a través de las redes sociales y los medios de comunicación.
