The New York Times
Por: Paulina Villegas/The New York Times
EL GUAYABO, México — Las explosiones comenzaron antes del amanecer, sacudiendo el suelo y haciendo vibrar las ventanas en la oscuridad. Con ellas, dijeron los residentes, llegó el zumbido delator de los drones.
“Sabíamos que venía el diablo”, dijo Ana, madre de seis hijos, quien los agarró y corrió mientras hombres armados entraban para la batalla. Semanas después, El Guayabo aún mostraba cicatrices. Los techos tenían agujeros donde los drones habían lanzado bombas. Había cráteres donde habían explotado minas terrestres. Casquillos de bala calibre .50 brillaban en la tierra.
El enfrentamiento no fue en Ucrania ni en el Medio Oriente, y los combatientes no pertenecían a un Ejército. Eran grupos criminales con armas de uso militar que luchaban a unos mil kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en el estado occidental mexicano de Michoacán.
Algunos de los cárteles más formidables de México están enfrascados en una carrera armamentista en múltiples frentes. Están peleando contra el Gobierno mexicano, presionado por Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Pero también se disputan territorio.
Ahora, el Presidente Donald J. Trump ha ordenado al Departamento de Defensa de EU que comience a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga designados como grupos terroristas. La directiva ha indignado a los líderes mexicanos, quienes han rechazado la idea de que fuerzas estadounidenses estén en territorio mexicano.
Pero las autoridades de ambos países coinciden en que los cárteles se están transformando en fuerzas paramilitares hechos y derechos. Los narcotraficantes ya no sólo portan pistolas o rifles automáticos, dicen los expertos, sino también minas terrestres Claymore, granadas propulsadas por cohetes, morteros y camiones blindados con ametralladoras. Entierran artefactos explosivos improvisados para matar a sus rivales y modifican drones para cargarlos con sustancias químicas tóxicas y bombas.
“No podemos seguir tratando a estos tipos simplemente como pandillas callejeras locales”, declaró Marco Rubio, el Secretario de Estado estadounidense, en una entrevista en agosto con EWTN, una cadena de televisión católica. “Tienen armamento que se parece al que tienen los terroristas, en algunos casos, los ejércitos”.
Drones
Las autoridades mexicanas afirmaron que la mayoría de las armas de uso militar se originó en Estados Unidos y que hasta medio millón de armas de fuego se contrabandean al sur cada año. Aseguran que los delincuentes también realizan ingeniería inversa de armas, a veces imprimiendo piezas en 3D.
En ningún otro lugar son más evidentes las consecuencias de este creciente arsenal que en las escarpadas colinas de Tierra Caliente, Michoacán, una franja de fértiles tierras de cultivo y frondosas montañas que se ha convertido en un corredor estratégico para el cultivo de drogas.
La batalla por el control entre grupos rivales —incluyendo los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y el grupo con mayor poder militar, el Cártel Jalisco Nueva Generación— ha llevado la lucha a una era más brutal. Drones sobrevuelan, mientras que caminos y senderos utilizados tanto por soldados como por civiles están plagados de artefactos explosivos improvisados.
Atrapados entre las cambiantes líneas del frente de las pandillas y las fuerzas de seguridad se encuentran docenas de aldeas agrícolas, con sus campos de limón y aguacate enclavados en lo profundo de las colinas. Muchos carecen de servicio telefónico, dejándolos a su suerte. Ana, la madre de El Guayabo, sólo dio su primer nombre por temor a represalias.
Cuando se acercan los combates, la mayoría de los residentes huye, a veces durante semanas o meses. Algunos nunca regresan. En casi dos años, más de 2 mil personas han sido desplazadas en Michoacán, afirman organizaciones de derechos humanos.
Tan sólo en los últimos seis meses, al menos 10 civiles, incluyendo un niño de 14 años, han muerto por explosivos ocultos mientras cultivaban o caminaban a la escuela, dijo Julio Franco, asesor del Observatorio de Seguridad Humana, un grupo que da seguimiento a la violencia.
Las autoridades mexicanas afirman que los cárteles comenzaron a militarizarse a mediados de la década del 2000, cuando Los Zetas, un grupo formado por ex miembros del Ejército, incorporó disciplina en el campo de batalla, comunicaciones cifradas y armamento pesado al crimen organizado.
Para el 2022, la inteligencia militar mexicana informó que los grupos criminales estaban desplegando “rutinariamente” artefactos explosivos improvisados, drones y nuevas tácticas.
“Estamos presenciando la fase más reciente de la guerra: una transición hacia tácticas y capacidades de tipo paramilitar”, dijo Alexei Chávez, analista de seguridad que ha asesorado al Ejército Mexicano.
Así como han proliferado en Ucrania los drones, baratos y fáciles de modificar, su uso por parte de los cárteles se ha disparado.
Para prepararse para la mayor presión de la Administración Trump, los grupos criminales también comenzaron a importar escáneres para detectar drones gubernamentales y a contratar a más personas con experiencia en el uso y seguimiento de estas aeronaves, dijeron en entrevistas miembros de los cárteles.
“Tienen años de llevarnos la delantera”, declaró Alfredo Ortega, ex director de seguridad del Estado de Michoacán, quien renunció el año pasado. “Tienen recursos ilimitados y acceso a armas y tecnología que nuestras fuerzas locales simplemente no tienen. Nos atacaron con rifles semiautomáticos Barrett calibre .50, y nuestras fuerzas policiales locales no tenían nada parecido”.
Para contrarrestar la amenaza, en el 2023 Ortega formó una unidad antibombas especializada, encabezada por el Capitán Carlos Gómez, ex oficial del Ejército y experto en desactivación de artefactos explosivos.
El año pasado, el Capitán Gómez se topó con extensos complejos utilizados como plantas de ensamblaje, comentó. En su interior, trabajadores soldaban blindaje improvisado a vehículos, fabricaban explosivos caseros y construían morteros improvisados con tubos de tanques de gas, llenándolos de explosivos. Su unidad de 18 miembros se ve ampliamente superada por la magnitud de la amenaza, afirmó.
En julio, el equipo del Capitán Gómez respondió a una llamada sobre una posible bomba en la carretera. Encontraron a poca distancia todo un complejo del cártel y recuperaron 258 artefactos explosivos improvisados, desarmando cada uno en el curso de 14 horas. A la mañana siguiente, su convoy fue emboscado por hombres armados, relató el Capitán Gómez, quien sufrió un impacto de bala en la mano.
En los últimos dos años, comentó, su equipo ha incautado más de 2 mil artefactos explosivos improvisados y bombas caseras diseñadas para ser utilizadas con drones o morteros.
“Estos artefactos pueden detonar casi igual que las bombas prefabricadas”, dijo el Capitán Gómez. “Y siempre están encontrando nuevas formas de causar más daño”.
Emiliano Rodríguez Mega contribuyó con reportes.
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