El procurador general del estado de Washington, Bob Ferguson, demandó este martes a la Administración del presidente Donald Trump por arrestar inmigrantes dentro y cerca de los tribunales, una práctica que considera perjudicial para la seguridad pública y el sistema de justicia del estado.
'Si los funcionarios de inmigración pueden demostrar que sus arrestos en los juzgados solo atacan a criminales peligrosos, abandonaré esta demanda', dijo Ferguson en un comunicado que emitió su oficina.
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'Pero no lo harán, porque no pueden. El Gobierno federal ha arrestado a muchas personas que simplemente intentan acceder a la justicia para ellos o sus familias y (el arresto) es ilegal, nos hace a todos menos seguros y debe detenerse', agregó.
Inmigrantes en Washington
Desde 2017, las autoridades de inmigración han arrestado a cientos de inmigrantes en o cerca de los tribunales en Washington.En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió formalmente una directiva y 'preguntas frecuentes' admitiendo sus intervenciones en los tribunales.
Los documentos de DHS sugieren que los arrestos en las cortes se dirigen a individuos específicos, incluidos aquellos con 'condenas penales, miembros de pandillas, amenazas de seguridad nacional o de seguridad pública'.
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Contrariamente a lo que afirman los funcionarios de inmigración, la evidencia muestra que estos arrestos no se limitan a personas peligrosas.
Muchos fueron víctimas de delitos o comparecieron ante el tribunal por cargos no violentos, como delitos de tránsito, sin antecedentes penales. Otros estaban allí para registrar vehículos motorizados, pagar multas de tránsito o acompañar a un pariente al juzgado.
Algunos de ellos son arrestados cuando comparecen en los tribunales para protegerse contra la violencia, esperando órdenes de protección contra sus abusadores.
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La Oficina del Fiscal General de Washington descubrió evidencia en todo el estado de que la conducta del DHS hace que testigos, víctimas y otras personas se nieguen a ingresar a los tribunales, algo que reduce la seguridad pública.
El fiscal del condado de Thurston, Jon Tunheim, declaró que 'específicamente, las víctimas de violencia doméstica indocumentadas han expresado a sus defensores que ya no se sienten seguras al denunciar abusos a las autoridades por temor a la deportación'.
'Esto los deja a ellos y a su familia en alto riesgo de abuso. Los perpetradores con estatus legal usan ese privilegio como una táctica de control adicional contra las víctimas indocumentadas al amenazar constantemente con deportarlos y separarlos de sus hijos', agregó Tunheim.