El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurre por primera vez en 30 años un procedimiento legal que permite deportar rápidamente y casi en secreto a inmigrantes considerados "terroristas extranjeros" a través de un tipo de tribunal especializado.
El Departamento de Justicia (DOJ) tiene plazo hasta este miércoles para presentar información complementaria sobre la solicitud hecha ante el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (ATRC), un órgano que había permanecido inactivo desde su creación aprobada por el Congreso de EE.UU. en 1996.
La solicitud fue hecha el pasado 15 de julio sin que se revelara la identidad de la persona a la que se quiere deportar.
Un día después el tribunal con sede en Washington realizó una audiencia en la que se expuso el caso y la razón por la que el Gobierno de Trump a este tribunal.
El tramite había pasado desapercibido hasta que el sitio Court Watch detectó los documentos judiciales.
"Las respuestas (del DOJ) convencieron al Tribunal de que el Gobierno podría beneficiarse de una consideración más detenida (sobre la solicitud de deportación)", escribió en la orden la jueza Joan N. Ericksen, presidenta del ATRC, que daba hasta este miércoles tiempo al DOJ para detallar sus argumentos, salvo que se pida una extensión.
La solicitud de la Administración republicana llamó la atención de los expertos porque es la primera vez que se recurre a este tribunal desde su creación.
La petición, que se mantendrá bajo reserva (sin acceso público) y sin notificar a la persona cuya deportación se pretende, podría generar una batalla legal por una supuesta violación de la Constitución.
Las preocupaciones por los casos presentados ante el tribunal especializado se remontan hasta el siglo pasado, un informe del Senado de 1998, dirigido por el entonces legislador republicano Jon Kyl, advertía que "un caso inadecuado" presentado ante dicho órgano "podría suponer la anulación constitucional del ATRC", según información citada por el sitio especializado Law Dork.
El DOJ está sujeto a demostrar que tiene una causa probable de que el extranjero es un terrorista y supone un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, entre otros requisitos.
No obstante, la nueva apuesta del Gobierno de Trump se da después de que haya perdido ya ante la Justicia estadounidense varias causas de deportación, en su mayoría por no respetar el debido proceso.
