Un juez federal de Boston ordenó el lunes 21 de julio suspender temporalmente una de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump que restringía el acceso a permisos de trabajo para miles de solicitantes de asilo y algunos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
Sin embargo, la resolución no modifica la cancelación del TPS para Honduras, que continúa vigente. La decisión fue emitida por el juez de distrito Nathaniel Gorton, quien concedió una orden temporal a favor de una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos que impugnaron varias políticas implementadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
El fallo impide, de momento, que entren en vigor nuevas restricciones derivadas de la ley de impuestos y gastos aprobada por el Congreso estadounidense en julio de 2025. Esa legislación estableció, por primera vez, tarifas para solicitar asilo y limitó la autorización de empleo para determinados beneficiarios del TPS.
La orden judicial permanecerá vigente mientras el tribunal analiza el fondo del caso. El juez Gorton indicó que resolverá antes del próximo 5 de agosto si concede una suspensión de mayor duración sobre las políticas impugnadas.
De acuerdo con la demanda presentada por Democracy Forward y otras organizaciones, la aplicación inmediata de estas restricciones habría dejado sin autorización para trabajar a miles de beneficiarios del TPS procedentes de El Salvador, Sudán y Ucrania, además de afectar a solicitantes de asilo de distintas nacionalidades.
"La decisión de la corte garantiza que miles de familias no pierdan sus medios de vida ni la tranquilidad mientras se determina la legalidad de estas políticas", afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. La organización sostuvo que, sin la intervención judicial, numerosas personas habrían perdido su autorización de empleo.
TPS en Honduras
Aunque la resolución representa un alivio temporal para algunos grupos migrantes, la situación de los hondureños con TPS no cambia.
La cancelación del programa para Honduras continúa en vigor luego de que las cortes estadounidenses permitieran al Poder Ejecutivo poner fin a esa protección migratoria.
El TPS para Honduras quedó oficialmente cancelado el 8 de septiembre de 2025, según el Registro Federal. Aunque inicialmente un tribunal federal suspendió temporalmente la medida, esa protección judicial fue revocada posteriormente por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que autorizó continuar con la finalización del programa mientras avanzaba el proceso legal.
El panorama cambió de forma definitiva el pasado 25 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los tribunales federales no pueden revisar las decisiones del Poder Ejecutivo relacionadas con la terminación del TPS. Con ese fallo desaparecieron los últimos obstáculos legales que mantenían suspendida la cancelación del beneficio para los hondureños.
Como consecuencia, los ciudadanos hondureños que permanecían amparados por el TPS dejaron de contar con la autorización de empleo y demás beneficios migratorios otorgados por el programa, salvo quienes lograron obtener otro estatus migratorio que les permite permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos.
De acuerdo con cifras publicadas en el Registro Federal, hasta abril de 2025 alrededor de 21,000 hondureños protegidos por el TPS habían conseguido la residencia permanente legal en Estados Unidos. Quienes no lograron acceder a otra categoría migratoria deberán buscar mecanismos para regularizar su situación o podrían enfrentar procedimientos de deportación conforme a la legislación estadounidense.
Mientras tanto, el Gobierno de Honduras ha mantenido gestiones diplomáticas ante las autoridades estadounidenses para solicitar una transición ordenada y explorar alternativas que permitan reducir el impacto de la cancelación del TPS sobre miles de connacionales residentes en ese país.
