Nueva York, Estados Unidos

Organizaciones a favor de los migrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), advierten de las consecuencias de la no prorrogación del mismo por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Esta recomendación demuestra una vez más que este Gobierno no tiene corazón, están interpretando la ley a su conveniencia y de forma racista”, dijo a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) que pertenece a la Alianza Nacional TPS, en referencia a la recomendación del Departamento de Estado de poner fin al TPS para Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití.

“No queda otro camino que el Congreso, estamos trabajando para por un proyecto de ley que proteja a estos inmigrantes. La lucha va a seguir, no vamos a rendirnos”, sentenció Alvarado.

Las advertencias de las organizaciónes se enfocan no solo en el problema que genera dejar sin estatus legal a estas miles de personas, sino en los negativos efectos económicos que dejará en el país.

“Poner fin al TPS para casi 300,000 centroamericanos y haitianos es una equivocación en todos los niveles”, aseguró en un comunicado Tom Jawetz, vocero de la organización Center for American Progress.

“Obligar a estos receptores del TPS a salir de la fuerza laboral le quitará al país más de 164.000 millones de dólares en producto interno bruto durante la próxima década, con las mayores pérdidas ocurriendo en California, Texas y Florida”, advirtió Jawetz.

Patricia Montes, líder de la comunidad hondureña en Estados Unidos, dijo que la decisión a nivel de los funcionarios cercanos al presidente de Estados Unidos Donald Trump ya está tomada y uno de los problemas que se puede dar es la ruptura familiar, una situación compleja porque Estados Unidos desconoce la situación de violencia de los países expulsores.

“Al gobierno de Estados Unidos no le interesa destruir el núcleo familiar y en este momento está siendo agresiva, se hablan de niños que probablemente queden solos y sus padres pueden estar detenidos, deportados”, dijo Montes.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 por el que Estados Unidos concedió de forma extraordinaria beneficios a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Actualmente viven 439.625 inmigrantes en Estados Unidos amparados por el TPS, según datos facilitados a Efe por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

En su mayoría son salvadoreños (263.282), hondureños (86.163) y haitianos (58.706). De Nicaragua hay 5.349 beneficiarios.

Los otros países con TPS son africanos y asiáticos, destacando Nepal, con 12.967 beneficiarios, y Siria, con 6.177.

En el caso de Honduras y Nicaragua, EE.UU. concedió el TPS en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica. El Salvador lo recibió en 2001 producto de una serie de sismos y Haití en 2010 por su catastrófico terremoto.

En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se ha renovado en 13 ocasiones de manera automática por periodos de 18 meses, pero ahora el Gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.

La decisión definitiva sobre el TPS a hondureños y nicaragüenses se tiene que producir 60 días antes de que expirara el actual periodo el próximo 5 de enero.

En el caso de los haitianos y salvadoreños, el TPS expira el 22 de enero y el 9 de marzo, respectivamente, por lo que el Gobierno también tiene que tomar una decisión definitiva en las próximas semanas.