El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este jueves que la ciudadanía por derecho de nacimiento se aprobó tras la guerra civil para proteger a los "hijos de los esclavos" y no para "quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía" estadounidense.
Trump hizo estas declaraciones el mismo día en que el Supremo evaluará la validez de tres demandas que buscan bloquear la orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de padres indocumentados o con visa temporal en el país, que el presidente estadounidense firmó en enero tras retornar a la Casa Blanca.
"La ciudadanía por nacimiento trata de los hijos de esclavos. Como prueba concluyente, la guerra civil terminó en 1865; el proyecto de ley llegó al Congreso menos de un año después, en 1866, y se aprobó poco después. No tenía nada que ver con la inmigración ilegal de personas de todas partes del mundo que quieren estafar a nuestro país, algo que han hecho durante muchos años", escribió hoy Trump en un mensaje en su red social Truth Social.
"Por favor, explíquenle esto a la Corte Suprema de los Estados Unidos", prosigue el texto, que incide en que en 1866 su país no contaba con "una afluencia masiva de personas desde toda Sudamérica y el resto del mundo".
El presidente asegura que "¡la ciudadanía por nacimiento no fue concebida para que quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía permanente de Estados Unidos, trayendo a sus familias con ellos, riéndose constantemente de lo ingenuos que somos!".
Trump dice en su mensaje que "Estados Unidos es el único país del mundo que hace esto, y nadie sabe por qué", pese a que más de una treintena de países en el mundo otorgan la ciudadanía por nacimiento.
El presidente añade que "a los cárteles de la droga les encanta" la situación en EE.UU. y añade "somos, por ser políticamente correctos, un país estúpido, pero, en realidad, esto es exactamente lo contrario de ser políticamente correcto, y ese es otro factor que contribuye a la disfunción de Estados Unidos".
El decreto que Trump firmó en enero para eliminar este derecho fue impugnado por tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron, en fallos separados, que el presidente no puede cambiar o limitar la Constitución mediante un decreto y ordenaron un bloqueo temporal a nivel nacional mientras se resuelve el caso.
El Gobierno ha pedido al Supremo que lo analice, y sus magistrados - seis conservadores y tres liberales- se centrarán únicamente en si los tribunales inferiores tienen la autoridad para bloquear una orden presidencial a nivel nacional.
La opinión del Supremo podría repercutir en las decenas de demandas interpuestas contra la Administración por organizaciones en defensa de los derechos civiles y de inmigrantes, porque sentaría un precedente que podría limitar o cimentar el alcance legal de las cortes menores en cuanto a asuntos nacionales. EFE
