Barcelona, España.
A pocas horas del referéndum de autodeterminación, numerosos catalanes empezaron ayer a ocupar los puntos de votación designados por el gobierno independentista regional que aseguró tener listo todo el dispositivo electoral a pesar de la oposición de Madrid.
“Yo me quedo a dormir aquí en principio con mi hijo mayor”, declaró Gisela Losa, madre de tres alumnos en la escuela Reina Violant de Gracia, un barrio independentista de Barcelona. Tras cinco años reclamando un plebiscito sobre la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes, rechazado férreamente por el gobierno español de Mariano Rajoy, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió llevarlo a cabo desoyendo las prohibiciones judiciales.
Esta región mediterránea, responsable del 19% del PIB español, se encuentra dividida sobre la secesión pero más del 70% de sus habitantes desea un referéndum acordado con Madrid.
“En estas horas de vigilia, en estos momentos tan intensos y tan emocionantes, percibimos que eso que hace un tiempo solo era un sueño, ya lo tenemos al alcance”, celebró Puigdemont en un multitudinario mitin en Barcelona para cerrar dos semanas de accidentada campaña. Mientras, decenas de escuelas por toda la región eran ocupadas por los “
comités de defensa del referéndum”, coordinados desde las redes sociales, para mantener los colegios abiertos hasta el domingo con actividades como picnics, cine al aire fresco, talleres o conciertos.
“La gente vendrá el domingo y votará. Nosotros estamos aquí para garantizar que eso se podrá hacer”, explicó por teléfono Oriol Amorós, alto cargo del gobierno, que ocupaba como “vecino” un centro educativo en Barcelona.
Oposición
La policía incautó abundante material electoral, detuvo a 14 altos cargos implicados en su organización, cerró numerosas webs y registró el departamento del gobierno encargado del recuento de votos.
Además, el organismo de supervisión electoral fue disuelto con sus miembros amenazados por multas de 12,000 euros diarios y hasta el domingo no anunciarán sus reemplazos.
“Lo que suceda el día 1 no será un referéndum”, dijo el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo.
La justicia también ordenó el miércoles a la policía cerrar los locales de votación, entre ellos escuelas y centros sanitarios.
Esta instrucción pone en la cuerda floja a la policía regional catalana, dependiente del gobierno independentista.
A pocas horas del referéndum de autodeterminación, numerosos catalanes empezaron ayer a ocupar los puntos de votación designados por el gobierno independentista regional que aseguró tener listo todo el dispositivo electoral a pesar de la oposición de Madrid.
“Yo me quedo a dormir aquí en principio con mi hijo mayor”, declaró Gisela Losa, madre de tres alumnos en la escuela Reina Violant de Gracia, un barrio independentista de Barcelona. Tras cinco años reclamando un plebiscito sobre la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes, rechazado férreamente por el gobierno español de Mariano Rajoy, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió llevarlo a cabo desoyendo las prohibiciones judiciales.
Esta región mediterránea, responsable del 19% del PIB español, se encuentra dividida sobre la secesión pero más del 70% de sus habitantes desea un referéndum acordado con Madrid.
 Otros se plantaron en los centros de votación para asegurarse de que estén abiertos para el domingo, día del pólemico referendo que ha prohibido la justicia española.
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“La gente vendrá el domingo y votará. Nosotros estamos aquí para garantizar que eso se podrá hacer”, explicó por teléfono Oriol Amorós, alto cargo del gobierno, que ocupaba como “vecino” un centro educativo en Barcelona.
Oposición
La policía incautó abundante material electoral, detuvo a 14 altos cargos implicados en su organización, cerró numerosas webs y registró el departamento del gobierno encargado del recuento de votos.
 2,315 colegios electorales se han habilitado, anunció el portavoz del gobierno regional Jordi Turull en un intento de disipar dudas sobre el dispositivo electoral.
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“Lo que suceda el día 1 no será un referéndum”, dijo el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo.
La justicia también ordenó el miércoles a la policía cerrar los locales de votación, entre ellos escuelas y centros sanitarios.
Esta instrucción pone en la cuerda floja a la policía regional catalana, dependiente del gobierno independentista.
Sus responsables, en un documento interno consultado por la AFP, mandaron a los agentes avisar a los organizadores de las ocupaciones que deben abandonar el lugar antes del “domingo a las 6:00 am” y, en caso de desobediencia pasiva, no aplicar la fuerza.
Si ellos no actúan, el gobierno español, que coordina el dispositivo de seguridad, aún cuenta con miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil enviados de refuerzo a Cataluña.
Las medidas emprendidas contra el referendo generaron indignadas protestas de todo tipo de sectores: estibadores, bomberos, abogados, sindicatos, estudiantes y campesinos, que hicieron una marcha con cientos de tractores.
