El condado californiano de San Diego echó a andar oficialmente un programa piloto para proporcionar abogados defensores a los inmigrantes que enfrentan procesos de deportación, el primero en brindar este apoyo en la frontera sur de Estados Unidos.
El mayo del año pasado la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó el programa piloto de Defensa Legal de los Derechos de los Inmigrantes, que proporciona abogados para las personas detenidas por las autoridades de inmigración en esta área.
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La supervisora Terra Lawson-Remer, quien impulsó el programa, celebró en una conferencia de prensa el jueves la puesta en marcha del programa, que invertirá cinco millones de dólares.
El objetivo es que los fondos ayuden a proporcionar abogados de forma gratuita a los detenidos en el centro de detención de Otay Mesa, ubicado cerca a la frontera con México, y a personas que se encuentran en detención alternativa como aquellos que portan localizadores electrónicos.
“Esto va a cambiar la vida de las personas”, valoró Lawson-Remer.
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Actualmente hay más de 8.000 casos de deportación pendientes en el condado de San Diego, según el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse.
Lawson-Remer advirtió que “todos en esta nación, sean ciudadanos o no, tienen el derecho establecido bajo nuestra Constitución de ser representados por un abogado, y este programa ayudará a los inmigrantes a tener un día justo en la corte”.
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Al menos 12 inmigrantes ya están inscritos en el programa, que brindará la ayuda a través de las organizaciones Southern California Immigrant Project, Jewish Family Service of San Diego y American Bar Association’s Immigrant Justice Project.
El programa también destinó fondos para servicios de traducción.
