San José. Los reclamos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la provincia costarricense de Guanacaste son demagogia dirigida a atizar la xenofobia entre su pueblo, afirmó ayer el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, quien aseguró que no le seguirá “el juego” al mandatario nicaragüense.
“Todo eso es demagogia para engañar a su gente y atizar la xenofobia que han inculcado a su pueblo. Es parte de lo mismo”, declaró a la prensa el jefe de la diplomacia costarricense en referencia a declaraciones de Ortega.
El gobernante nicaragüense afirmó la noche del lunes que Nicaragua “está en pleno derecho” de recurrir ante la Corte Internacional de Justicia para reclamar el territorio de Guanacaste, una provincia del norte de Costa Rica de 10,140 km2, amenaza que ya había formulado a principios de agosto pasado.
Según el mandatario nicaragüense, ese territorio le fue arrancado a Nicaragua en 1824 por medio de una “intervención militar”.
Sin embargo, Ortega dijo que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones con las autoridades costarricenses para dilucidar el tema de Guanacaste y otros problemas limítrofes que han deteriorado las relaciones bilaterales. Al presidente Ortega “le queda muy mal el papel de víctima siendo él el invasor”, dijo el canciller costarricense en referencia a los reclamos de Costa Rica por lo que considera la invasión de Nicaragua a un pequeño territorio en la zona fronteriza del lado del Caribe, denominado isla Calero o isla Portillo.
Organismo
El caso está siendo ventilado en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Castillo dijo que el Gobierno de Costa Rica ya fijó su posición frente a estas aseveraciones del presidente Ortega y que no presentará una nota de protesta ni “le seguirá el juego”.
La vicecanciller Gioconda Ubeda aseguró que “no hay nada que discutir” con Nicaragua respecto de la provincia de Guanacaste porque “es un tema que se resolvió hace siglo y medio mediante un tratado”. Los historiadores coinciden en que la delimitación territorial fue producto de acuerdos entre ambos países, plasmados en el tratado Cañas-Jerez de 1858, ratificado luego en 1888 por un laudo arbitral del presidente estadounidense Grover Cleveland. AFP
