Tras la renuncia de Carles Puigdemont a la presidencia de Cataluña, los independentistas de esta región española deben todavía superar numerosos obstáculos para encontrar un nuevo candidato mientras su líder seguirá librando batalla a Madrid con una demanda ante las Naciones Unidas.
El jueves, el expresidente regional, destituido por el ejecutivo español tras el intento de secesión del 27 de octubre, anunció su renuncia provisional con tal de facilitar la rápida formación de un gobierno independentista.
Como sucesor, propuso al número dos de su grupo parlamentario y expresidente de la influyente asociación independentista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez. Pero su figura también es problemática al llevar cuatro meses encarcelado por presunta sedición.
'Esto de gobernar a tiempo parcial porque uno está fugado de la justicia o en prisión no se sostiene en pie', advirtió el portavoz del gobierno español de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo.
'El gobierno no lo va a consentir', añadió.
No obstante, la decisión recae en el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra la cúpula independentista por la fallida secesión. El magistrado puede dar un permiso excepcional al preso para acudir al Parlamento y defender su programa.
'Quién ponga trabas a Jordi Sánchez para ser investido presidente cometerá un grave error', advirtió Puigdemont en una entrevista con la radio catalana Rac1.
- Demanda ante la ONU -
Puigdemont no quiere abandonar su lucha. 'La rendición no forma parte de mi vocabulario', advertía este viernes.
 Líderes catalanes. De izquierda a derecha y en el sentido de las agujas del reloj:
Jordi Turull, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Elsa Artadi. Foto: AFP
|
En una rueda de prensa en Bélgica este viernes, Emmerson aseguró que el gobierno español violó numerosos artículos del 'Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos', como el derecho de votar y ser escogido o la libertad de expresión y de opinión.
Además, anunció una acción cada mes ante instancias jurídicas internacionales hasta que 'el gobierno de Madrid se convenza por fin de que debe entablar verdaderas negociaciones con la dirección del movimiento independentista catalán'.
Junto a esta campaña judicial, Puigdemont pretende seguir jugando su papel en la política catalana como presidente del Consejo de la República, una especie de gobierno exterior que se coordinará con el de Barcelona y hará labores de diplomacia.
Además, también quieren fundar una asamblea de políticos independentistas para simular una estructura real de gobierno que bautizaron como 'Espacio Libre de Bruselas'.
'A día de hoy no sabemos cuántos presidentes tendremos', ironizó el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.
El gobierno español, que sigue controlando las finanzas y la administración regional, advirtió que no permitirá que se destine dinero público a estas estructuras.
