Organismos humanitarios internacionales auguraron el miércoles un mayor éxodo de nicaragüenses y un agravamiento de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 tras la reelección del presidente del país, Daniel Ortega, en unas cuestionadas elecciones, consideradas “ilegítimas” por la mayoría de la comunidad internacional.
En un evento virtual desarrollado en el marco de la 51 Asamblea General de la OEA, titulado “Nicaragua: entre la impunidad y la escalada represiva”, los representantes de las organizaciones previeron que la reelección de Ortega, al no contar con el pleno reconocimiento internacional, aumentará la represión y la violación a los derechos humanos en el país, así como el control social o vigilancia sobre los nicaragüenses.
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“¿Qué es lo qué viene?, claramente se ha profundizado el aislamiento del Gobierno nicaragüense y estamos viendo con preocupación la situación de derechos humanos en una fase de mayor represión”, señaló la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola.
Agregó que vendrá “un éxodo de nicaragüenses mayor”, principalmente hacia Estados Unidos y la vecina Costa Rica, que ya acoge a decenas de miles de nicaragüenses desde el 2018.
PREOCUPADOS POR SITUACIÓN DE NICARAGUA
Para Astrid Valencia, investigadora para América Central de Amnistía Internacional, en Nicaragua se cree que ya se ha visto todo, pero siempre surge algo peor.
Observó que la comunidad internacional ha sido testigo de cómo el presidente Ortega ha desmantelado gradualmente el estado de derecho en Nicaragua y, pese a las señales que venía dando, ha llegado hasta donde está y concentrado todo el poder en su país.
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“Nos preocupa profundamente el deterioro de la situación, no solo de los defensores de derechos humanos, sino de Nicaragua en general”, dijo, por su lado, Mariana Vargas, especialista de la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas Defensoras.
El relator especial sobre el Derecho de Reunión Pacífica y Asociación, Clément Voulé, dijo que tenían esperanzas de que la crisis se superara con las elecciones, pero no fue así por el cierre de espacios democráticos y violación a los derechos humanos, que calificó de inaceptable.
PROPONEN DIÁLOGO INCLUSIVO
Sobre las posibles soluciones a la crisis que vive Nicaragua, la presidenta de la CIDH dijo que tienen que “seguir presionando para que se realicen nuevamente elecciones que cumplan con garantías mínimas que la Carta Democrática de la OEA establece”.
Estas nuevas elecciones, puntualizó, deberían caracterizarse por la “liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la personalidad jurídica de los tres partidos de oposición, la restitución de las 45 ONG de la sociedad civil que han sido canceladas, garantizar la libertad de prensa”, así como por el retorno seguro de los miles de nicaragüenses que se han marchado al exilio.
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“Esa es la hoja de ruta para Nicaragua con condiciones básicas”, indicó. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad internacional y a los estados miembros de la OEA a seguir promoviendo acciones que permitan encontrar una salida a la crisis, entre ellas “la necesidad de un diálogo inclusivo, bajo condiciones, que son los que acaban de señalar”.
“La experiencia de nuestra región y la nicaragüense es que la única posibilidad de salir a esta crisis es a través de un amplio diálogo democrático. Es el único mecanismo real”, remarcó Urrejola. Mientras tanto, dijo, la comunidad internacional debe coordinar con los países que están acogiendo migrantes nicaragüenses “y apoyar este éxodo”.
UNA HOJA DE RUTA
En tanto, Valencia, de Amnistía Internacional, dijo que “una hoja de ruta debe ser colectiva y articulada y que acompañe a las personas defensoras y periodistas, que están en primera línea” en Nicaragua.
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Aseguró que han tocado todas las puertas disponibles para ayudar a buscar una salida a la crisis nicaragüense, incluyendo la OEA, y que al Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha pedido se establezca un grupo internacional de expertos independientes que investigue y contribuya al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos.
Nicaragua vive una crisis desde la revuelta popular que estalló en 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza. Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
