Aunque la Constitución de la República de Nicaragua estipula que no puede, Daniel Ortega es candidato a ocupar la silla presidencial por cinco años más, meta por la que ha trabajado más que por ninguna otra cosa casi desde el primer día en que asumió su presente mandato.
Es la sexta vez que Ortega es candidato presidencial: la primera, en 1984, la ganó con más del 66% de los votos, perdiendo las tres siguientes (en 1990 frente a Violeta Barrios, en 1996 contra Arnoldo Alemán, y en 2001 contra Enrique Bolaños), regresando al poder luego de “ganar”’ las elecciones de 2006, con apenas el 38% de los votos, sin que se supiera nunca cuál era la decisión del 8% de los votantes, cuyos sufragios nunca fueron contados.
Panorama
Con esos antecedentes y ese techo electoral tan bajo, Ortega sabe que sus posibilidades de regresar limpiamente al poder son nulas en las elecciones del próximo 6 de noviembre, no sólo porque la Carta Magna lo prohíbe, sino también porque basta con que la oposición se una en torno a un candidato creíble, o que la mayoría de los ciudadanos salgan a votar, para que se repita por cuarta vez la historia de su derrota en 1990, 1996 o 2001. Pero ahora las cosas son distintas: Ortega está mandando “desde arriba”, y no “desde abajo” (según una frase célebre que pronunciara en 1990, poco después de saberse que había sido derrotado); la oposición está profundamente dividida (compite contra cuatro candidatos liberales); controla todos los poderes del Estado, y cuenta con los inmensos recursos de la cooperación venezolana, que se calculan en más de $1,500 millones a lo largo de su mandato.
Acuerdos
Nada de eso tendría importancia, de no ser porque en el año 2000 Ortega firmó un pacto con el entonces gobernante Arnoldo Alemán para repartirse las instituciones del Estado, acordando de paso que se podía “ganar” las elecciones con sólo el 35% de los votos válidos, siempre y cuando se sacaran 5 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo lugar.
Desde antes de asumir la Presidencia de la República el 10 de enero del 2007, Daniel Ortega podía presumir del amplio poder de que disponía sobre la administración de justicia, toda vez que ocho de los 16 magistrados que la integran responden a la autoridad del caudillo del Frente Sandinista, y se calcula que cerca del 75% de los jueces del país también le son fieles. En 1990, la Corte Suprema de Justicia estaba integrada por 7 magistrados, de los que 1 o 2 eran fieles a Ortega. A medida que el número de sus miembros fue creciendo, esa correlación se mantenía, con lo que podía esperarse que la Corte actuara de forma razonablemente correcta.
Eso cambió luego del pacto entre Ortega y Arnoldo Alemán, sellado en 2000, por el que ambos caudillos se repartieron las instituciones, y crearon un balance precario basado en la igualdad de ‘fichas’ con las que cada uno podía contar en la Corte: 8 para Ortega, 8 para Alemán.
Nicaragua verificará padrón electoral
El Consejo Supremo Electoral, CSE, de Nicaragua realizará el próximo fin de semana una verificación masiva del padrón electoral para actualizar el número de votantes de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 6 de noviembre, informó ayer la entidad.
Esta verificación permitirá al CSE actualizar el padrón, en el cual están registrados actualmente más de cuatro millones de electores mayores de 16 años, de los cuales se presume que unos 700,000 han emigrado, muerto o cambiado de domicilio, indicó el portavoz del organismo, Félix Navarrete, a la AFP.
“El padrón electoral sucio es de 4,150,000, pero hay más de 700,000 que emigraron, cambiaron de domicilio o murieron por enfermedades u otras causas”, dijo Navarrete.
La verificación se realizará en 4,296 centros de votación en todo el país, dividido administrativamente en 15 departamentos de la región del Pacífico y dos Regiones Autónomas del Caribe, explicó un miembro de la Comisión Nacional Electoral del CSE, Juan Vílchez, a la televisión local.
