Cinco organizaciones humanitarias de El Salvador informaron este viernes que han recibido 1.123 denuncias de supuestos atropellos a derechos humanos bajo el régimen de excepción, vigente en el país desde finales de marzo y con el que el Gobierno de Nayib Bukele dice que está cerca de “ganar” la “guerra” contra las pandillas.
Estas denuncias incluyen a 1.383 personas afectadas, la mayoría hombres jóvenes con edades de entre 18 y 30 años.
Puede leer: Suben a 21 los casos de viruela del mono en Estados Unidos
Los principales hechos denunciados son detenciones arbitrarias a manos de agentes de la Policía y de militares, que en el caso de la organización Cristosal ha registrado el 97,1 % de los casos.
Otros atropellos denunciados son los allanamientos de vivienda sin orden administrativa o judicial, que representan el 35 % de los casos atendidos por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Los datos de esta misma organización, que ha recibido 170 denuncias, indican que en el 27,1 % de sus casos los familiares no tienen información de la detención.
También: Violencia y pobreza, detonantes de la peor crisis migratoria que enfrenta América
Abogados y activistas de derechos humanos han señalado que estos casos se adaptan a la figura del “detenido desaparecidos”, que no se registraba en el país desde que terminó la guerra civil (1980-1992).
El Servicio Social Pasionista (SPASS), que al igual que el resto de organizaciones ha dado atención a las víctimas de la violencia de las pandillas, señala que el 17,4 % de sus casos son de desplazamiento forzado generado por las autoridades.
Por otra parte, el 38,8 % de los casos atendidos por la Asociación Azul Originario (AZO) son por uso de la fuerza o amenazas, mientras que el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) registró un 2,9 % de denuncias por lesiones.
Además: Policía de Texas mata a un preso fugado sospechoso de asesinar a 5 personas
Estos datos fueron compartidos durante un foro sobre los impactos del régimen de execepción realizado este viernes en un hotel de la capital salvadoreña.
El Congreso de El Salvador otorgó poderes especiales al Ejecutivo de Bukele por 30 días tras una escalada de homicidios que entre el 25 y 27 de marzo se cobró la vida de 87 personas. La medida extraordinaria, que suspende derechos constitucionales, se ha extendido dos veces.
