Buenos Aires, Argentina.
La oposición en Argentina ha pedido ayer que el vicepresidente Amado Boudou renuncie o pida licencia hasta que se defina su situación con la justicia, que el viernes lo procesó por los delitos de “cohecho y negociaciones incompatibles” con su cargo.
“Boudou tiene que dar un paso al costado, sin duda. Pedir licencia hasta que la justicia resuelva definitivamente” su situación, ha expresado Ernesto Sanz, senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el principal partido de la oposición en el país.
Sin embargo, agregó, “esta resolución habla bien de la justicia, pero no de los funcionarios que eligió la Presidenta. Ella fue la que lo eligió vicepresidente. Ella políticamente es responsable de esta situación.
Tener procesado al número dos del país no es una buena noticia”.
Para la diputada Margarita Stolbizer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “debe pedir” la “renuncia” de Boudou, o de lo contrario que el Congreso argentino promueva el “juicio político” del vicepresidente para lograr “su destitución”.
“El procesamiento de Boudou marca la degradación institucional de nuestro país. Hacer negocios privados con bienes públicos es uno de los delitos más degradantes que puede padecer una República”, afirmó.
El juez consideró en su resolución que Boudou, durante su gestión al frente del Ministerio de Economía (2009-2011), intervino para salvar de la quiebra a la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica y luego contribuyó a dejar en manos de supuestos allegados suyos la gestión de la empresa. La compañía fue nacionalizada tiempo después.
Demandan a Cristina
Una diputada opositora denunció penalmente y pidió ayer que se haga un juicio político a la presidenta argentina Cristina Fernández por no actualizar el monto a partir del cual se aplica un impuesto sobre los salarios de los trabajadores. La diputada Elisa Carrió, del opositor Frente Amplio Unen, presentó una denuncia penal contra Fernández por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, cuyo contenido publicó ayer en su página de Facebook.
En la denuncia, Carrió acusa a Fernández de negarse a actualizar la base a partir de la cual se aplica el impuesto a las ganancias, que pesa sobre los salarios.
Además de denunciar a la Presidenta ante la justicia, Carrió elevó un proyecto al Parlamento para que se le inicie un juicio político a la mandataria por supuesto mal desempeño en sus funciones.
Sin embargo, el pedido de juicio político tiene escasas probabilidades de progresar, ya que el oficialismo es mayoritario en el Congreso.
La oposición en Argentina ha pedido ayer que el vicepresidente Amado Boudou renuncie o pida licencia hasta que se defina su situación con la justicia, que el viernes lo procesó por los delitos de “cohecho y negociaciones incompatibles” con su cargo.
“Boudou tiene que dar un paso al costado, sin duda. Pedir licencia hasta que la justicia resuelva definitivamente” su situación, ha expresado Ernesto Sanz, senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el principal partido de la oposición en el país.
Sin embargo, agregó, “esta resolución habla bien de la justicia, pero no de los funcionarios que eligió la Presidenta. Ella fue la que lo eligió vicepresidente. Ella políticamente es responsable de esta situación.
Tener procesado al número dos del país no es una buena noticia”.
Para la diputada Margarita Stolbizer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “debe pedir” la “renuncia” de Boudou, o de lo contrario que el Congreso argentino promueva el “juicio político” del vicepresidente para lograr “su destitución”.
“El procesamiento de Boudou marca la degradación institucional de nuestro país. Hacer negocios privados con bienes públicos es uno de los delitos más degradantes que puede padecer una República”, afirmó.
El juez consideró en su resolución que Boudou, durante su gestión al frente del Ministerio de Economía (2009-2011), intervino para salvar de la quiebra a la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica y luego contribuyó a dejar en manos de supuestos allegados suyos la gestión de la empresa. La compañía fue nacionalizada tiempo después.
Demandan a Cristina
Una diputada opositora denunció penalmente y pidió ayer que se haga un juicio político a la presidenta argentina Cristina Fernández por no actualizar el monto a partir del cual se aplica un impuesto sobre los salarios de los trabajadores. La diputada Elisa Carrió, del opositor Frente Amplio Unen, presentó una denuncia penal contra Fernández por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, cuyo contenido publicó ayer en su página de Facebook.
En la denuncia, Carrió acusa a Fernández de negarse a actualizar la base a partir de la cual se aplica el impuesto a las ganancias, que pesa sobre los salarios.
Además de denunciar a la Presidenta ante la justicia, Carrió elevó un proyecto al Parlamento para que se le inicie un juicio político a la mandataria por supuesto mal desempeño en sus funciones.
Sin embargo, el pedido de juicio político tiene escasas probabilidades de progresar, ya que el oficialismo es mayoritario en el Congreso.
