Los países de la Unión Europea (UE) pueden prohibir servicios de transporte como UberPOP sin necesidad de consultar con Bruselas, indicó este martes la justicia europea, en un nuevo revés judicial para la empresa estadounidense.
Uber está encausada en Francia por su servicio UberPOP, que decidió suspender en verano de 2015 en este país, en base a una ley de 2014. El sistema permitía a los usuarios realizar un desplazamiento urbano tras contactar con conductores no profesionales mediante su teléfono inteligente.
La empresa con sede en California (oeste de Estados Unidos) alegaba que no podía ser encausada ya que Francia debía haber comunicado esa ley a la Comisión Europea, al considerar que la norma afectaba a un servicio del ámbito de la sociedad de la información.
Los países 'pueden prohibir y sancionar penalmente el ejercicio ilegal de una actividad de transporte como UberPOP' sin pasar por la Comisión, indicó en cambio en un comunicado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en respuesta a las dudas planteadas por un tribunal de Lille (norte de Francia).
Uber relativizó el fallo, al considerar 'legítimo regular servicios como Uber'. 'Vamos a continuar dialogando con las ciudades europeas', apuntó a la AFP una portavoz de la compañía, que sólo mantiene su servicio UberPOP en tres países de la UE: Polonia, Rumanía y República Checa.
Para responder a las exigencias de las autoridades, la empresa lanzó un nuevo servicio conocido como UberX que emplea a conductores profesionales con las licencias correspondientes. De esta manera, la compañía pudo regresar a Barcelona en marzo tras tres años de ausencia.
Lea más: Publican video de fatal accidente de auto autónomo de Uber
El nuevo fallo representa un nuevo revés, después que el TJUE fallara en diciembre de 2017, en respuesta a las dudas planteadas por un tribunal español, que Uber es un servicio de transporte, al que se pueden exigir las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis.
Y, además, puede implicar nuevas sanciones para la empresa en Francia, donde un tribunal de París impuso en junio de 2016 una multa de 800.000 euros, de la que sólo tenía que abonar la mitad, y otras de menor cantidad a dos de sus dirigentes, Pierre Dimitri Gore-Coty y Thibaud Simphal.