Nueva York, Estados Unidos.
El caso de una niña hondureña de dos años de edad que fue presentada ante una corte de inmigración en Nueva York tras ser separada de sus familiares al cruzar ilegalmente la frontera de EEUU ha causado indignación entre los defensores de los derechos de inmigrantes, informó este martes el New York Times.
Fernanda Jacqueline Davila llegó a la corte con su tutor y un abogado. La menor se sentó frente al juez que le preguntó: '¿Cuántos años tienes? ¿Hablas español?'. La pequeña rompió en llanto y tuvo que ser consolada por su tutor durante la audiencia.
La niña hondureña es una de los cientos de menores inmigrantes que aún no han sido reunidos con sus familiares tras ser separados en la frontera por la denominada política 'tolerancia cero' implementada por el Gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes.
Los activistas proinmigrantes y varios senadores estadounidenses han denunciado el sistema de las cortes de inmigración que obliga a los menores a comparecer ante jueces y seguir los procedimientos de deportación mientras están separados de sus padres.
Estos menores no tienen el derecho a tener un abogado asignado por la corte y 90% son regresados a su país de origen sin la intervención de un defensor, según la agrupación Kids in Need of Defense, que les provee representación jurídica.
En Honduras, los abuelos paternos de Fernanda solicitaron a las autoridades estadounidenses regresar a su nieta a su país, luego de que la abuela materna de la menor la llevara con ella ilegalmente a los Estados Unidos.
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El juez concedió la petición de los abuelos y Fernanda será retornada en las próximas semanas junto a su familia.
Según datos del grupo pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), 13,800 niños se encuentran detenidos a nivel nacional, cuando al principio de la crisis migratoria en mayo pasado había aproximadamente 2,400.
Este incremento 'no tiene que ver con el flujo de entrada, sino con la decisión de no soltar a los menores con sus padres', indicó la investigadora de HRW, Clara Long, que reclamó un 'cambio de dirección' en el Gobierno para respetar 'un proceso migratorio justo'.
