Managua, Nicaragua.
El Gobierno de Nicaragua 'no está dispuesto a permitir que se defiendan los derechos humanos', informó hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), luego de que su equipo fue expulsado del país, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
'Parece ser que esta es una práctica que se está haciendo sistemática para Nicaragua, y que demuestra que no están dispuestos al escrutinio internacional ni, por supuesto, a permitir que se defiendan los derechos humanos en el país', dijo la directora del Programa para Centroamérica y México del CEJIL, Marcia Aguiluz, en teleconferencia, desde Costa Rica.
Horas antes Aguiluz había sido expulsada de Nicaragua junto con la abogada del CEJIL, Paola Limón, y la portavoz Francisca Stuardo, minutos después de arribar al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua.
El equipo del CEJIL fue expulsado por supuestamente no haber avisado con tiempo suficiente de su arribo, dijo Aguiluz, quien afirmó que el equipo sí notificó anticipadamente su visita.
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'Notificamos a migración que íbamos a llegar para ser transparente, porque nuestro trabajo es legítimo', sostuvo.
La representante del CEJIL lamentó su expulsión y agregó que 'nuestro trabajo es legítimo, es en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia, lo hacemos en Nicaragua y en todos los países del continente, y lo vamos a seguir haciendo'.
La expulsión al CEJIL se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 528 muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega, así como más de 558 'presos políticos', según defensores de derechos humanos locales y extranjeros.
El Gobierno reconoce 199 muertos y más de 200 reos, los que asegura son 'terroristas' y 'golpistas'.
Tanto la CIDH como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de 'más de 300 muertos', así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega no reconoce los señalamientos y sostiene que él es víctima de un intento de 'golpe de Estado'.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al creciente número de manifestantes muertos y prisioneros.
