La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución para pedir al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que deje entrar al país centroamericano a una misión diplomática para iniciar un diálogo sobre reformas electorales y la convocatoria de nuevas elecciones.
La resolución se aprobó con el voto a favor de 25 de los 34 miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo, pero no participa en este desde 1962), 8 países se abstuvieron, incluidos México, Argentina, Bolivia y Honduras, mientras que Nicaragua fue la única en votar en contra.
La iniciativa insta al Gobierno de Ortega a que “con carácter urgente y como primera medida” ponga en libertad a todos los “presos políticos” y acepte una misión de “buenos oficios” de alto nivel que debe ser autorizada por el Consejo Permanente del organismo.
El mandato de la misión diplomática será llegar a un acuerdo sobre cómo lograr tres objetivos, empezando por una reforma electoral integral.
El segundo objetivo de la misión diplomática será revocar todas las leyes que restringen la participación política y limitan los derechos humanos en Nicaragua.
Y el tercero será iniciar un diálogo con todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias “tempranas” que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional “creíble”.
Ortega se impuso el 7 de noviembre en unas elecciones en las que no participaron sus rivales políticos porque, en los meses anteriores, las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, incluida Cristiana Chamorro.
En reacción, la Asamblea General de la OEA, el foro político más importante del organismo, aprobó una resolución en la que aseguraba que esos comicios carecieron de “legitimidad democrática” y no fueron ni libres, ni justos, ni transparentes.
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Acto seguido, el Gobierno de Ortega acusó de “injerencia” a la OEA y anunció que tenía intención de salir del organismo para lo que denunció la Carta de la OEA, su documento fundacional firmado en 1948.
Según el reglamento del organismo, cualquier país que denuncia la Carta de la OEA tiene que esperar dos años para que la retirada se haga efectiva.
