Los abogados de la gobernadora Jan Brewer presentaron el jueves su primer escrito para apelar un fallo que suspendió la aplicación de las partes más controversiales de la nueva ley de inmigración del estado.
Brewer solicitó a la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco que revierta el fallo que emitió en julio la jueza federal Susan Bolton.
Los abogados de la gobernadora dijeron que el gobierno federal ha sido ineficaz al aplicar la ley de inmigración en la frontera y en el interior de Arizona, y que la intención del estado al aprobar la normativa fue asistir a las autoridades federales, tal como lo ha alentado el Congreso.
Asimismo, dijeron que la jueza Bolton se equivocó cuando aceptó las suposiciones del gobierno federal de que la ley podría ser una carga para los inmigrantes legales, y cuando concluyó que probablemente el gobierno federal prevalecería en el caso.
El Departamento de Justicia acudió a la corte en un esfuerzo por invalidar la ley. Charles Miller, un portavoz de esa agencia federal, se abstuvo de hacer declaraciones el jueves en torno a la nueva acción judicial de Brewer.
Bolton bloqueó las cláusulas de la ley que exigen que los inmigrantes tramiten o porten documentos migratorios, y que la policía, cuando vigile el cumplimiento de otras leyes, pregunte sobre la condición migratoria de las personas si tiene sospecha razonable de que se encuentran de manera ilegal en el país.
No obstante, la jueza permitió la entrada en vigencia en julio de otras partes de la normativa, como la prohibición a obstruir el tráfico cuando las personas se ofrezcan como jornaleros en las calles, así como enmiendas a las actuales leyes de inmigración del estado.
Antes del fallo de Bolton, los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que no debía permitirse a la policía local que aplique la ley debido a que causa, en parte, problemas a las relaciones de Estados Unidos con México y otros países.
Los abogados también dijeron que el punto de la ley de que las corporaciones policiales verifiquen la condición migratoria de las personas sienta una política obligatoria que rebasa lo que exige el gobierno federal.
Afirmaron que esa cláusula representaría una carga para la entidad federal que responde a información sobre la condición migratoria de las personas.
