Nayib Bukele, presidente de El Salvador, firmó una reforma constitucional que permitirá imponer penas de prisión perpetua a menores de edad a partir de los 12 años, como parte de un paquete de cambios legales que entrarán en vigor el próximo 26 de abril, según la más reciente publicación en el Diario Oficial.
Las reformas, aprobadas por la Asamblea Legislativa, establecen que la cadena perpetua podrá aplicarse en delitos como homicidio, feminicidio y violación.
Como parte de este proceso, los diputados también modificaron el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil.
Además, se introdujeron cambios en la Ley Orgánica Judicial que transforman los juzgados de menores en tribunales de lo criminal, los cuales tendrán la facultad de conocer casos en los que se contemple la aplicación de esta pena.
El paquete de reformas incluye también la creación de un mecanismo de revisión para las sentencias de cadena perpetua, aunque no se han detallado los criterios específicos para su implementación.
Estas medidas se enmarcan en el régimen de excepción vigente en El Salvador desde 2022, que ha implicado la suspensión de garantías constitucionales y ha permitido detenciones masivas.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 90,000 personas han sido detenidas en los últimos años, aunque el Gobierno asegura que aproximadamente un 10% ha sido liberado.
Mientras la administración de Bukele sostiene que estas acciones han contribuido a una reducción significativa en las tasas de homicidio, organismos internacionales han expresado preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias, señalamientos que el Gobierno ha rechazado.
El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia manifestaron su “profunda preocupación” por las reformas, al considerar que los adolescentes en conflicto con la ley deben recibir un trato que priorice su rehabilitación y reintegración. Según indicaron, la privación de libertad debe aplicarse como “último recurso y durante el menor tiempo posible”.
En la misma línea, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades salvadoreñas a “revisar con prontitud” los cambios constitucionales, al advertir que resultan “preocupantes” y podrían contradecir estándares internacionales en materia de derechos humanos.
