Nueva York, EEUU.
Casi dos años después de su extradición, el narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán se enfrenta finalmente a la Justicia estadounidense en un proceso que se lleva a cabo bajo extremas medidas de seguridad en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
Guzmán está acusado bajo el “Kingpin Statute”, una ley federal contra grandes traficantes de droga, responsables de conspiraciones de larga duración. Contra él hay 11 cargos de narcotráfico, conspiración y lavado de dinero (hasta hace poco eran 17, pero la fiscalía retiró seis para agilizar el juicio).
Basta con que el jurado lo halle culpable en uno solo para que la pena que el juez Brian Cogan le imponga sea el encarcelamiento de por vida. La condición de México para extraditarlo fue que no pudiera ser condenado a muerte.
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La Fiscalía, que prepara el caso desde hace años, asegura que el Chapo envió a Estados Unidos al menos 154,626 kilos de cocaína, además de múltiples toneladas de otras drogas, embolsándose unos 14,000 millones de dólares.
El Chapo se declara inocente, pero el Gobierno ha presentado montañas de evidencias en su contra, tanta que la defensa dice que no tiene tiempo de revisarla: más de 300,000 páginas de documentos y al menos 117,000 grabaciones de audio, más centenares de fotos y videos.
Algunas intervenciones de Eduardo Balarezo, uno de los dos abogados principales del Chapo, apuntan a que podría presentarlo como mando intermedio del cartel de Sinaloa e intentar desmontar el cargo principal. Si lo logra, podría haber un efecto dominó en el resto de los cargos. “La única manera de evitar cadena perpetua es ganar el juicio”, indicó Balarezo.
Otro de los abogados del Chapo, Jeffrey Lichtman, experto en defender a líderes mafiosos, dijo que el monumental juicio tendrá “cientos de testigos”. Rob Heroy, un abogado de Carolina del Norte que defendió a otro capo narco mexicano, estima que el proceso costará “más de 50 millones de dólares”. “Se presenta como el juicio más caro de la historia de Estados Unidos”.
Al costo de los recursos por parte del Gobierno de EEUU para investigar al capo se suma el de las medidas de seguridad, dada la reputación de escapes de prisión protagonizados por Guzmán en México, así como el costo de movilizar y proteger testigos.
Durante el juicio, el narcotraficante será recluido en un lugar aún no desvelado para evitar el espectacular traslado desde la prisión.
