Un tribunal venezolano prohibió ayer la “edición y distribución” del semanario 6to poder, tras la publicación el domingo de un montaje fotográfico que el gobierno consideró ofensivo y que también motivó que se ordenara la detención de dos directivos del periódico.
“Este tribunal, en esta misma fecha, dictó decisión mediante la cual decreta medida cautelar innominada relativa a la prohibición de edición y distribución por cualquier medio del semanario ‘6to poder’”, dice la notificación recibida por el periódico ayer.
Además, el domingo se libraron órdenes de detención contra el presidente del semanario, Leocenis García, y la directora Dinorah Girón, por “instigación al odio”, informó a la AFP el vocero de 6to poder Marco Da Costa.
Detenida
La directora de 6to poder se encuentra detenida desde el domingo, mientras que el presidente del periódico no se ha entregado aún a las autoridades “por temor a ser juzgado políticamente”, según dijo Da Costa.
El semanario publicó el domingo la edición semanal con un montaje fotográfico en su portada y en interiores la nota respectiva bajo título “Las poderosas de la Revolución”.
Cada una de las representantes de los Poderes Públicos cumple un rol específico “dentro del cabaret dirigido por Mister Chávez”, en alusión al presidente Hugo Chávez, dice el texto. Esto fue considerado ofensivo por el Gobierno de Chávez.
“Una vez más están cerrando un medio de comunicación; están atacando contra un medio de comunicación” , manifestó el trabajador de 6to Poder Marcos De Acosta a la emisora privada de televisión Globovisión
6to poder es “un panfleto que intenta irrespetar figuras respetables de nuestra constitucionalidad” y la publicación del fotomontaje es un acto “de miseria humana”, que tiene como objetivo “la desestabilización” del país, dijo este lunes el presidente del Parlamento, Fernando Soto, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Soto hizo esta declaración durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) convocada por la bancada oficialista para discutir un supuesto “plan de agresión a las instituciones del Estado por parte de sectores de la oposición con fines desestabilizadores”, del que, según el gobierno, participa 6to poder.
La prohibición de edición y distribución del semanario “es indefinida y los empleados tememos que con los retrasos procesales que caracterizan al sistema judicial podríamos pasar 2 o 3 años sin circular, mientras se va a juicio”, dijo Da Costa.
