Una jueza de inmigración emitió una orden de deportación en Estados Unidos contra un joven hondureño que había sido asesinado meses atrás en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.
Se trata de Levi Méndez Maldonado, un migrante originario de Honduras que llegó a Estados Unidos a los 17 años y que, al momento de su muerte, mantenía un proceso de asilo pendiente ante las autoridades migratorias estadounidenses.
De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, la jueza de inmigración Amy Lee emitió el pasado 21 de mayo una orden de deportación contra Méndez Maldonado, pese a que el joven había fallecido el 30 de noviembre de 2024.
La situación salió a la luz después de que se conociera que la defensa legal del hondureño había informado previamente a la corte sobre el fallecimiento de su representado, según reportó el medio británico The Guardian.
Levi Méndez Maldonado murió durante la madrugada del 30 de noviembre de 2024 en un vecindario ubicado al oeste de Charlotte. Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia poco después de la medianoche en el sector de Revolution Park Drive.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron al joven con heridas de bala. Los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en la escena debido a la gravedad de las lesiones.
Tras el crimen, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg asignó el caso a su Unidad de Homicidios, que inició las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.
Según información reciente citada por The Guardian, las autoridades policiales confirmaron que la investigación sobre la muerte del hondureño continúa abierta y que hasta el momento no se han divulgado resultados definitivos sobre el caso.
La abogada de Méndez Maldonado señaló que el joven buscaba regularizar su situación migratoria y permanecer legalmente en Estados Unidos mediante una solicitud de asilo, con la expectativa de obtener eventualmente la residencia permanente.
La emisión de una orden de deportación contra una persona fallecida ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos administrativos y la actualización de información dentro del sistema migratorio estadounidense.
Aunque no se han brindado detalles oficiales sobre las razones que llevaron a la emisión de la orden, los documentos judiciales muestran que la resolución fue dictada varios meses después de la muerte del joven hondureño.
