Agrupaciones civiles se movilizaron este jueves contra la ley SB 4-C, que convierte en un crimen estatal la migración irregular en Florida y que simboliza que el estado tiene una de las políticas más agresivas contra los inmigrantes indocumentados, según afirman.
Las mayores organizaciones proinmigrantes del estado protestaron frente a la corte Wilkie D. Ferguson de Miami para denunciar que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el fiscal general del estado, James Uthmeier, han permitido el arresto de 15 personas, incluyendo una estadounidense, bajo esta ley pese a una orden judicial que impide su aplicación.
"Esto realmente es parte de un esfuerzo mucho mayor del estado de Florida y de la Administración Trump para hacer invivible la vida de las comunidades de inmigrantes a lo largo del país", declaró a EFE Cody Wofsy, subdirector del proyecto de los derechos de inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
El abogado sostuvo que "Florida tiene una de las políticas estatales más draconianas sobre inmigración" en Estados Unidos, como la SB 4-C, aprobada en febrero y que convierte en delito grave la entrada al estado de migrantes indocumentados, por lo que los policías estatales pueden arrestarlos.
"Florida ha estado experimentando por años maneras de hacer más difíciles las vidas de los inmigrantes, dificultar que vayan al trabajo, críen a sus hijos, vean al doctor, hacer todas las cosas que hacemos en el día a día, pero vemos a otros estados tratando de seguir el liderazgo de Florida", advirtió el activista de ACLU.
Esto en un contexto en el que uno de cada cinco residentes es inmigrante en Florida, donde hay unas 5 millones de personas nacidas en el extranjero y más de 1,1 millones de indocumentadas, según la organización American Immigration Council.
