El Gobierno español aprobó ayer un drástico recorte de 27,300 millones de euros (520,201 millones de lempiras) en el gasto público, medida que espera compensar con una subida de impuestos a las grandes empresas del país en nuevo intento de equilibrar sus cuentas y convencer al mundo de su solvencia.
El gobierno del conservador Partido Popular presentó una revisión a la baja de los presupuestos generales del Estado para 2012, cuyo objetivo es reducir el déficit público del 8.5% actual al 5.3% del PIB (producto interno bruto) comprometido con la Unión Europea.
“Se trata de medidas extraordinarias porque la situación es extraordinaria”, dijo el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
“Es una situación crítica, a la que tenemos que responder con los presupuestos más austeros de nuestra democracia y, en concreto, con medidas tributarias que recaben nuevos ingresos para financiar los servicios sociales”.
Un día después de una huelga general contra su reforma laboral, el Gobierno hizo públicas en el Consejo de Ministros las cuentas más austeras de los últimos tiempos, en un país al borde de su segunda recesión en cuatro años y con la tasa de desempleo cerca del 23%.
El techo de gasto será de 158,270 millones de dólares, que significan 4.7% menos con respecto al ejercicio anterior. El Gobierno estima que para bajar el déficit al 5.3% antes de final de año se necesita un recorte de 36,430 millones de dólares, que se suma al ajuste anterior de 20 mil millones de dólares aprobado en diciembre.
El proyecto de presupuestos, que no será aprobado por el Parlamento antes de junio, incluye un descenso del 17% de media en el gasto de los ministerios y la congelación del salario de los funcionarios.
El tijeretazo afecta todas las partidas de gasto. Una de las más golpeadas, por ejemplo, es la que España destina a ayuda al desarrollo, con una reducción de casi 700 millones de dólares. También se paraliza la gran mayoría de inversiones en obra pública, como ferrocarriles y carreteras, y se anunciaron recortes en educación, sanidad y defensa.
Problemática
Sin embargo, con el desempleo por las nubes, Montoro aseguró que se mantendrán las prestaciones por paro y la actualización del pago de pensiones a los jubilados. Para financiar los servicios públicos y compensar la falta de ingresos, Montoro descartó una temida alza del IVA (impuesto al valor agregado), asegurando que en un escenario de recesión sería contraproducente para el consumo y anunció una subida general del impuesto de sociedades a las grandes empresas y otro gravamen de impuestos especiales como el del tabaco.
En cuanto a las compañías, el ejecutivo no subirá el tipo impositivo, pero eliminará casi todas las deducciones a las que podían acogerse.
El ministro dijo que este incremento, aunado al que se aprobó hace meses en el IRPF (impuesto sobre la renta), le permitirá al Gobierno recaudar 16,420 millones de dólares adicionales.
Además se autorizó una amnistía fiscal para las rentas no declaradas que se regularicen. Tanto las cantidades repatriadas desde paraísos fiscales fuera de España como el dinero negro oculto dentro del país pagarán un 10% sobre el patrimonio a cambio del perdón.
Eurozona aumenta
fondo de emergencia
Copenhague. La zona euro acordó ayer reforzar sus cortafuegos anticrisis, pero por debajo de las expectativas de la comunidad internacional para garantizar un eventual rescate a una economía del tamaño de España, convertida en la inquietud principal de la unión monetaria.
En un forcejeo ayer en Copenhague, los ministros de los 17 países de la zona euro acordaron darle al Mecanismo Europeo de Estabilidad, que entrará en vigor en julio, una potencia máxima de un billón de dólares, como pretendía Alemania. Pero, de ellos, 300 mil millones corresponden a los préstamos ya concedidos a Grecia, Irlanda y Portugal.
