Alabama estrenó ayer una agresiva ley contra la inmigración ilegal, la más dura en su tipo en Estados Unidos, que criminaliza a los indocumentados y autoriza a las escuelas a verificar el estatuto migratorio de sus alumnos cuando se matriculan.
La ley conocida como HB 56 “es como la de Arizona, pero con un sabor de Alabama”, dijo Andre Segura, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Aclu, parafraseando a los legisladores que aprobaron el texto en un estado conocido por impulsar medidas estrictas de alto costo social. Segura calificó de “mucho peor” esta nueva ley en comparación con la de Arizona (suroeste), que en 2010 propuso por primera vez en el país criminalizar a los indocumentados, levantando una condena nacional e internacional.
Además de declarar en el estado la inmigración ilegal como delito, penaliza el transporte o alojamiento de indocumentados. La ley empezó a aplicarse ayer parcialmente, pero la Policía tiene la orden para actuar, dijo Joy Patterson, portavoz de la fiscalía general de Alabama.
Proceso
Un fallo emitido el miércoles por la jueza de distrito Sharon Blackburn mantuvo las partes más polémicas de la ley que tres demandas presentadas por separado entre julio y agosto habían pedido eliminar, al considerar que contravenían la legislación migratoria federal.
Estas demandas rechazadas fueron presentadas por el gobierno de Barack Obama, una coalición de iglesias y el Aclu. Aclu presentó ayer ante la corte de distrito de Alabama una serie de recursos para apelar la ley y detener su aplicación, aún a pocas horas de haber entrado en vigor, explicaron sus portavoces.
“Prometí durante mi campaña una dura ley contra la inmigración ilegal y ahora la tenemos”, dijo el republicano Robert Bentley, gobernador de Alabama desde enero de 2011. “Si el gobierno federal hubiera hecho su trabajo de aplicar sus propias leyes de inmigración, no hubiera necesidad de que Alabama u otros estados aprobaran una ley como ésta”, dijo desafiante el gobernador.
En riesgo
La ley es una pésima señal para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y en especial para los 130,000 residentes en Alabama, según estimaciones del Centro Tew Hispanic, el principal instituto de estudio de la comunidad hispana en el país. Para el Aclu, el fallo del miércoles fue “equivocado porque ahora tenemos una ley que deja la puerta abierta a muchas interpretaciones de los oficiales de turno”.
El punto de autorizar la verificación del estatuto migratorio de los alumnos de escuelas públicas, de primaria y secundaria, “especifica que es cuando se matriculan y en Alabama los niños se matriculan una sola vez en la educación pública, pero el fallo deja abierta la posibilidad de que el estado pida matrículas anuales”, según Segura. En cualquier caso, el riesgo es que muchos niños dejen de ir a la escuela porque sus padres son indocumentados.
Entre otras controversias, figura una disposición para que la Policía detenga sin derecho a fianza a presuntos inmigrantes indocumentados y otra que considera delito menor que un residente ilegal no tenga prueba de residencia.
