Panamá.
El juez Quinto de Circuito de lo Civil de Panamá, Juan Bosco Molina Rivera, ordenó el embargo de los bienes inscritos en Panamá del multimillonario mexicano Carlos Slim, informó hoy el diario La Estrella.
De acuerdo con la publicación, se trata de 'seis fincas en Chiriquí, dos en la provincia de Panamá, un apartamento en la capital y la central hidroeléctrica Bajo de Mina'.
De acuerdo con la fuente, el origen del caso es una demanda del empresario panameño Julio César Lisac Jiménez, de 82 años, que hace más de un lustro 'emprendió una lucha titánica para reclamar los derechos que, creyó, le debía la justicia'.
La decisión judicial, emitida este 20 de noviembre, considera procedente la solicitud de embargo presentada por Lisac, que ya en 2006 denunció cómo el gobierno del entonces presidente Martín Torrijos (2004-2009) favoreció que le quitaran una concesión de explotación hidroeléctrica para dársela a Carlos Slim.
Desde 1997, Mina Hydro-Power Corp contaba con los permisos para estudiar la factibilidad de tres proyectos hidroeléctricos. Uno de ellos, Bajo de Mina, para producir 54 Megavatios (Mw), tenía en 2006 todos los estudios y permisos aprobados, la concesión recibida y el contrato de construcción firmado, cuando apareció en la escena el grupo Slim.
Los que se presentaron primero como potenciales asociados y luego interesados compradores se convirtieron, en menos de un año, en quienes se hacen cargo de la concesión, que la Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP) le retira a Lisac tras no concederle una extensión solicitada de cinco meses para empezar las obras, cuando ya habían firmado el contrato de concesión de generación de energía, detalla.
En tiempo récord, según relató en su momento el mismo Lisac, se empezó a construir la Central Hidroeléctrica Bajo de Mina, sobre un modelo que identificó copiado del suyo, que actualmente cuenta con una capacidad instalada de 55 Mw y un volumen de negocio de 50 millones de dólares al año.
'Por abuso de poder, espionaje industrial, competencia desleal y otras irregularidades, Lisac acudió a la justicia, que le dio la razón en 2010, cuando la Sala Tercera de lo Contencioso administrativo de la Corte Suprema declaró ilegal la resolución con la que la ASEP le retiró la concesión en la que había trabajado durante casi diez años', apunta La Estrella.
Según el fallo, la ASEP actuó de forma poco diligente en el manejo de sus responsabilidades administrativas y argumenta incluso que fue la propia institución la que no hizo lo necesario para que Mina Hidro-Power Corp. pudiera empezar los trabajos acordados.
'El fallo a su favor nunca se ejecutó y Lisac completó solo un largo calvario que parece llegar hoy a un justo y feliz final', añade el diario.
No se ha conocido ninguna reacción del grupo Slim.
