Washington. El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que ha llamado a consultas en Washington al encargado de Negocios de su embajada en Nicaragua, Elias Baumann, después de que el presidente del país, Daniel Ortega, denegara las credenciales a Natasha Franceschi como embajadora estadounidense en el país centroamericano.
En un comunicado, el Departamento de Estado expresó que la decisión, que atribuye a Ortega y su mujer, la copresidenta Rosario Murillo, demuestra su “total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”.
La medida fue tomada por instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio, tras el rechazo de Franceschi, “una diplomática de carrera de alto nivel y sumamente cualificada”, cuya denegación “pone de manifiesto la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su afán por montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense”, indicó la nota.
El Senado estadounidense ratificó el pasado 30 de septiembre a Franceschi como nueva embajadora en Nicaragua, donde Estados Unidos no cuenta con embajador desde 2023.
La negativa nicaragüense contra Franceschi fue revelada por el subsecretario del Departamento de Estado, Chistopher Landau, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Washington, el pasado 2 de octubre.
Esta organización aprobó entonces una resolución que exigía a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente nicaragüense anunciara que no habría más comicios en el país.
El texto, aprobado por unanimidad, también instaba a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para Ortega y Murillo.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que es “urgente” que la nación recupere el orden constitucional y pidió a los Estados miembros que actúen mediante herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades.
