Memphis, Estados Unidos. Las organizaciones comunitarias de Memphis denunciaron este viernes que varias de las personas detenidas durante la redada en el bar El Corralón ya fueron deportadas a Honduras, mientras continúan sin ser identificadas ni localizadas otras ocho personas que permanecen en paradero desconocido.
Gisela Guerrero, organizadora de Micah y Vecindarios 901, explicó durante una conferencia de prensa que los detenidos fueron trasladados rápidamente a distintos centros de custodia en varios estados. Algunos fueron llevados a Mason, Tennessee, mientras que otros terminaron en instalaciones de Alabama y Luisiana.
Según Guerrero, para la noche del miércoles ya se habían concretado deportaciones hacia Honduras. En contraste, cuatro personas recuperaron su libertad en el propio lugar del operativo después de acreditar su situación migratoria.
La principal dificultad para las organizaciones que acompañan a las familias es determinar quiénes son las ocho personas que todavía no han podido ser ubicadas. “No podemos buscarlos porque no sabemos quiénes son”, dijo Guerrero.
El operativo federal se realizó alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo 30 de agosto en El Corralón, un bar situado sobre Macon Road, en el sector de Berclair. El Departamento de Seguridad Nacional informó que 121 personas fueron detenidas. Vecindarios 901 ha logrado identificar hasta ahora a 113 de ellas.
El procedimiento migratorio se produjo en un establecimiento que también estaba bajo investigación por un presunto caso de juego ilegal. Días antes de la redada, un juez del condado de Shelby había autorizado una orden de cateo relacionada con esa investigación estatal. Sin embargo, todavía no está claro qué vínculo existió entre dicha orden y las detenciones migratorias.
El Departamento de Policía de Memphis, por su parte, ha señalado que sus agentes no participaron en la planificación del operativo federal. Según declaraciones previamente reportadas por Memphis Noticias, los policías llegaron aproximadamente a las 3:15 de la madrugada para encargarse únicamente del control del tránsito.
Las organizaciones comunitarias cuestionaron además que algunas de las personas detenidas hayan sido deportadas sin que, según sostienen, existieran cargos penales en su contra. Mauricio Calvo, director ejecutivo de Latino Memphis, cuya organización realizó junto con World Relief una encuesta a 44 familias afectadas, planteó la interrogante: “Si los detenidos fueran delincuentes, ¿dónde están los cargos?”
Más allá de la situación legal de los adultos, representantes de las organizaciones alertaron sobre las consecuencias que la operación está teniendo en las familias separadas. María Oceja, cofundadora de Vecindarios 901, relató casos de menores afectados por la ausencia de sus padres, incluido un niño de siete años que teme no volver a ver a su madre y adolescentes de 14 años que ahora deben hacerse cargo de sus hermanos.
Casey Bryant, directora ejecutiva de Advocates for Immigrant Rights, advirtió que los traslados efectuados con rapidez dificultan que los detenidos puedan acceder a representación legal antes de una eventual deportación.
Mientras tanto, Michael Phillips, director ejecutivo de Su Casa Family Ministries, señaló que la demanda de asistencia en la despensa comunitaria de la organización aumentó considerablemente después del operativo, reflejando el impacto económico que la separación de las familias está provocando.
La investigación estatal por el presunto juego ilegal continúa en manos de la Oficina de Investigaciones de Tennessee. Paralelamente, Vecindarios 901 mantiene las labores para determinar la identidad y ubicación de las ocho personas que aún no han sido localizadas y para facilitar el acceso de las familias afectadas a asistencia legal.
