Los independentistas catalanes disponen de una mayoría teórica en su parlamento y pueden dirigir la región. Pero deben investir un presidente y a su candidato natural, Carles Puigdemont, le quedan por superar numerosos obstáculos para poder volver de Bélgica.
Toda la campaña del presidente catalán destituido por Madrid y huido a Bruselas poco antes de ser inculpado por rebelión giró en torno a una idea: restituir el gobierno cesado y volver al poder por la puerta grande.
Si escogían su lista Juntos por Cataluña en los comicios del 21 de diciembre, los electores dirían al jefe de gobierno español Mariano Rajoy que les corresponde solo a ellos decidir sus dirigentes y reprobarían la 'represión' de Madrid.
El ejecutivo de Rajoy intervino de facto la autonomía regional tras la declaración unilateral de independencia votada por el parlamento el 27 de octubre y disolvió la cámara para convocar esas nuevas elecciones.
La lista de Puigdemont obtuvo 34 escaños de 135 del parlamento, imponiéndose dentro del bloque independentista.
Y con los 32 diputados del otro gran partido separatista, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y los cuatro de la pequeña formación de extrema izquierda Candidatura de Unidad Popular (CUP), dispone de la mayoría necesaria para ser investido (70 de 135).
Pero el camino está sembrado de obstáculos para Puigdemont, que se arriesga a ser arrestado tan pronto ponga un pie en España.
Para poder ser escogido, tiene que asegurar que los independentistas controlan la estratégica mesa del parlamento, el órgano que decide el orden del día y vela por el respeto al reglamento de la cámara.
La razón es simple: la mesa debe aceptar que el candidato a la investidura presente su programa a distancia, desde Bélgica, y sea escogido sin estar presente, algo no contemplado por las normas parlamentarias.
Además, los independentistas no pueden contar ahora con sus 70 votos dado que ocho diputados están encarcelados o en el extranjero, como el mismo Puigdemont.
Y la situación no parece que vaya a cambiar: los jueces del Tribunal Supremo se negaron rotundamente el viernes a liberar al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, encarcelado en Madrid, que pidió salir de la cárcel para ejercer sus derechos como diputado.
En un auto juzgado como muy duro por los independentistas, el Tribunal Supremo parece desplegar el argumentario que podría aplicar a los otros tres dirigentes encarcelados, de los que dos también fueron escogidos para el parlamento.
Para los jueces existe riesgo de reiteración del 'gravísimo' delito del que se sospecha a Junqueras.
Queda la posibilidad de que al menos seis de los diputados afectados por esta situación cedan sus escaños a otros compañeros o de obtener la neutralidad cómplice de los aliados de Podemos en Cataluña, Cataluña En Común (extrema izquierda), que dispone de ocho diputados y se oponen a la política de Rajoy.
En cualquier caso, la solución debe llegar antes del 17 de enero, cuando debe constituirse el nuevo parlamento y escoger a los miembros de la mesa.
