Buenos Aires, Argentina.
La Cámara de Diputados argentina aprobó hoy, en medio de una huelga general y tras 17 horas de debate, la reforma del sistema de pensiones impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, que ha provocado escenas de violencia en las calles por el fuerte rechazo social, sindical y político que genera.
El proyecto, que ya recibió el visto bueno del Senado a finales de noviembre, contó hoy con el apoyo de 128 votos -principalmente del oficialista Cambiemos- frente a 116 en contra y 2 abstenciones, y modifica la fórmula de actualización de los haberes, lo que según el Gobierno permitirá a los jubilados ganar más en 2018, mientras la oposición y sindicatos insisten en que supondrá una fuerte rebaja.
La reforma, que llevó a los sindicatos a convocar una huelga general que culminará hoy, se aprobó tras una sesión en la que predominaron los discursos críticos, con violentos disturbios que dejaron más de 160 heridos y decenas de detenidos y un masivo 'cacerolazo' contra el Gobierno.
La reforma afecta a unos 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de planes de asistencia social. La iniciativa modifica la fórmula para calcular los aumentos, que en vez de regirse por el índice de variación de los salarios y la recaudación dependerá ahora de la inflación y un índice de salarios estatales.
Para la oposición, el nuevo método significará una pérdida de más de seis por ciento en las pensiones, mientras que el oficialismo considera que una vez consolidado el cambio el dinero que recibirán los beneficiarios será mayor al actual.
La modificación en el cálculo le permitiría al Estado obtener un ahorro de unos 100.000 millones de pesos (unos 5.630 millones de dólares) en 2018.
La iniciativa del Gobierno también establece que los argentinos podrán extender su vida laboral hasta los 70 años (actualmente es de 60 para las mujeres y 65 en el caso de los varones) si se desempeñan en el sector privado y están registrados formalmente como trabajadores.
La situación de caos a las afueras del Congreso se empezó a formar poco antes del comienzo de la sesión, a las 14.00 hora local del lunes, cuando manifestantes, convocados por las organizaciones sociales y sindicales, se empezaron a enfrentar a la Policía arrojando piedras y botellas.
Los hechos, que se extendieron por otras calles del centro, se recrudecieron después de que comenzaran a tirar petardos, quemar objetos y agolpar el vallado que cerca todo el Palacio Legislativo, momento en el que la Policía empezó a disparar balas de goma y arrojar gas pimienta, así como chorros de aguas para restablecer el orden público.
Aunque se dispuso que al frente del operativo de seguridad estuviera solamente la Policía de Buenos Aires, a cargo del Gobierno local, finalmente se decidió la llegada de efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería, fuerza de naturaleza militar que depende del Ejecutivo nacional.
Estos sucesos se producen poco después de que el pasado jueves, cuando se iba a debatir el proyecto en otra sesión, un enfrentamiento entre gendarmes y manifestantes causara heridos y detenidos.
