WASHINGTON.
El Gobierno del presidente Joe Biden comenzará hoy el proceso de reunificación de algunas de las familias de inmigrantes separadas por la administración de su predecesor Donald Trump (2017-2021).
Como primer paso, las autoridades permitirán la entrada para que puedan volver a ver a sus hijos a cuatro mujeres de México, Guatemala y Honduras, que en su día fueron separadas de ellos en la frontera y deportadas a sus países de origen.
Se espera que esas mujeres ingresen en EE UU a través de Texas y California.
En una entrevista con la cadena de televisión CBS News, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, hizo hincapié en “el compromiso extraordinario” del Gobierno de Biden para juntar a estas familias.
Más tarde, en un comunicado, el responsable señaló que esto “es solo el comienzo”. “Vamos a reunir al primer grupo de familias, muchas más seguirán, y reconocemos la importancia de proporcionar a estas familias de los recursos y la estabilidad que necesitan”, dijo Mayorkas.
Actualmente hay más de mil familias de inmigrantes separadas, según los datos del DHS, como consecuencia de la política de “tolerancia cero” aplicada por el Ejecutivo de Trump entre abril y junio de 2018 hasta que un juez federal ordenó su cancelación y exigió que se reunificara a las personas separadas.
La mayoría de las familias han sido reunificadas en los últimos años, aunque todavía quedan unas mil, principalmente porque en estos casos los adultos, la mayoría de Centroamérica, fueron deportados.
Hay separaciones familiares que se remontan a finales de 2017, mucho antes de que comenzara oficialmente esa política de Trump. Algunos de los menores que quedaron bajo custodia de EEUU eran tan pequeños cuando fueron alejados de sus progenitores que apenas recuerdan a sus parientes.
Las cuatro primeras familias serán reunidas a través de un grupo de trabajo creado por Biden poco después de llegar a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.
Tras el anuncio, el abogado de Aclu, Lee Gelernt, apuntó que su organización está presionando para que se conceda un “estatus permanente” a esas familias, además de una compensación y servicios sociales.
