Managua, Nicaragua.
Un paro nacional congelaba parcialmente las actividades ayer en Nicaragua, convocado por opositores en reclamo de la liberación de los detenidos en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que amenazó al sector privado con represalias.
En las principales calles de Managua y otras ciudades de Nicaragua como León y Chinandega, se observaron patrullajes policiales y un escaso movimiento de personas y vehículos.
En el popular Mercado Oriental de Managua, donde operan más de 20,000 negocios, la mayoría se mantuvieron cerrados por la mañana, aunque muchos vendedores ambulantes, verduleros y pequeños talleres y tiendas de servicios abrieron sus puertas.
El paro tuvo el apoyo de los grandes comercios, la mayoría de los supermercados, y fue acatado en colegios y universidades privadas. Pero los alumnos de las escuelas públicas asistieron normalmente a clases.
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También trabajaron las oficinas públicas, así como los bancos, luego de que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), controlado por el oficialismo, amenazara el miércoles con quitarles la licencia a los que no atendieran al público.
“El banco es concesionario de una licencia bancaria que ha sido otorgada por el estado de Nicaragua, la cual debe ser acatada fielmente para beneficio de todos los nicaragüenses”, advirtió Siboif en un comunicado.
Por otro lado, el Ministerio del Trabajo indicó en la previa del paro que si una empresa decidía paralizar su actividad, debía mantener los derechos salariales y otros beneficios de los trabajadores.
La huelga de 24 horas fue convocada por la alianza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) con el apoyo de las cámaras empresarias, para exigir la liberación de los encarcelados por participar en las protestas, ante la indignación que causó la muerte del opositor Eddy Montes durante un disturbio en una cárcel la semana pasada.
| Gobierno pide no repetir ‘fallido golpe’ MANAGUA. El Gobierno de Nicaragua exigió ayer a los opositores la “no repetición” de protestas masivas contra el presidente Daniel Ortega, que a su juicio fueron un “intento fallido de golpe de Estado”, un día después de que prometió “libertad definitiva” para todos los “presos políticos”.
“Todas las personas involucradas en el intento fallido de golpe de Estado, deberán comprometerse a la no repetición”, indicó el Gobierno. EL ejecutivo prometió “la liberación definitiva a más tardar el 18 de junio de 2019 de los excarcelados que se encuentran en sus casas en convivencia familiar o en arresto domiciliar”. Entre las leyes que los opositores deben cumplir, según el Gobierno, es la recién aprobada Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz. |
