La PGR condena desaparecimiento de garífunas y aboga por garantías

Cinco miembros de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz desaparecieron repentinamente el pasado 18 de julio.

La comunidad garífuna pide a las autoridades una pronta respuesta.
La comunidad garífuna pide a las autoridades una pronta respuesta.

Tegucigalpa, Honduras.

La Procuraduría General de la República (PGR), con relación a los hechos acontecidos en Tela, Atlántida, condenó los atentados en contra de los miembros de la comunidad garífuna, en especial el hecho que sujetos desconocidos sustrajeron de sus viviendas y privaron de libertad a Alberth Snider Centeno, quien es el presidente del patronato de la comunidad del Triunfo de la Cruz y los ciudadanos Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Tróchez Cálix.

Tras la denuncia de los hechos, la PGR indicó que los entes estatales realizan las investigaciones al respecto, por lo que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya informó de los primeros resultados de las diligencias, logrando la captura de un presunto responsable del rapto.

"Confiamos que el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigación continúen con las acciones pertinentes tanto para salvaguardar la vida e integridad de los dirigentes como para identificar los autores y partícipes de ese hecho delictivo y deducir la responsabilidad penal", añadió la institución.

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La Procuraduría General remarcó que ha venido coordinando las acciones pertinentes con las instituciones del Estado en el caso de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz.

Por sus derechos

"Se ha acordado con los representantes de las partes priorizar puntos de mayor interés. tales como el saneamiento de tierras en la zona, que representa un mayor grado de complejidad por los distintos factores que inciden en su ejecución, sumado a ello, la emergencia sanitaria por el COVID-19", mencionó la PGR en su comunicado este martes.

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La entidad también mencionó que a través del Instituto Nacional Agrario (INA) se inició una primera etapa para el avalúo y saneamiento de las tierras; no obstante, las medidas de restricción de movilidad para salvaguardar la salud, la vida y la integridad de los habitantes contemplados en el estado de excepción, han imposibilitado la continuación de las posteriores etapas.

"La Procuraduría General de la República reconoce la labor de los defensores de derechos humanos y repudia cualquier hecho en contra del bienestar e integridad de nuestros compatriotas. Asimismo, ratifica el compromiso institucional de coadyuvar en todas las acciones que por ley le corresponden, esperando que los tribunales competentes impongan el peso de la ley a los responsables, que la aplicación de la justicia contribuya a restablecer la paz y la convivencia armónica en la referida comunidad", concluyeron.

La Prensa