“Hoy llegan los magistrados y todo el personal, pero como es jueves y se acerca el fin de semana, retomarán las actividades serias hasta el lunes. La situación está muy delicada, es mejor esperar y ver qué es lo que van a decidir desde el pleno de la Corte”, dijo el diputado del Pinu (Innovación y Unidad), Germán Leitzelar, quien votó en contra de la pruebas de confianza en la Policía Nacional y la Ley de las Iglesias Evangélicas, entre otras.

Grave situación

“Hay mucha estabilidad sin duda y puede crearse un vacío porque el Congreso ha actuado de manera irregular destituyendo magistrados y nombrando a otros sin tener competencia.

Creo que a los destituidos les van a devolver sus derechos, van a nombrar una Corte ad hoc que estaría echando atrás la decisión del Congreso.

Van a aceptar el recurso con suspensión del acto reclamado, entonces en ese caso van a obligar al Congreso a replantearse las cosas y que no son un poder ilimitado y que tienen que respetar las leyes. Hay que esperar que sucede hoy”, expresó el analista Juan Ramón Martínez.

Los cuatro destituidos se presentarán hoy a la Corte Suprema de Justicia a continuar ocupando sus puestos. Ante las amenazas del Ejecutivo de militarizar la Corte para no dejarlos entrar, los jueces se harán acompañar por el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, y por personal del Consejo Nacional Anticorrupción, quienes junto al Colegio de Abogados de Honduras han manifestado que la destitución es ilegal y que debe restituirse a los cuatro afectados.

Además, el Colegio de Abogados ha aconsejado a los cuatro magistrados juramentados en el Congreso Nacional por el presidente Juan Orlando Hernández, que se abstengan de ocupar los cargos para no caer en responsabilidad.

Se conoció extraoficialmente que el magistrado presidente Rivera Avilés estará recibiendo a los cuatro nuevos magistrados tal y como lo ordenó el Congreso, con la intención de no caer en responsabilidad, por lo que le dará trámite a la toma de posesión del cargo de los togados.

A muy tempranas horas de la mañana llegarán 19 magistrados a la Corte, tanto destituidos como recién nombrados, a ocupar los cargos en la Sala Constitucional, lo que crea que se intensifique la crisis judicial.

El amparo

La resolución de un recurso de amparo dejaría sin valor la decisión del Congreso Nacional de destituir a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional.

El pasado 12 de diciembre, 97 diputados adoptaron la decisión de destituir a Bustillo Palma, Cruz Sequeira, Gutiérrez Navas y Ruiz Gaekel, quienes al igual que sus 11 compañeros del pleno fueron nombrados constitucionalmente para el período comprendido entre las fechas 27 de enero de 2009 y 27 de enero de 2016.

Ese mismo día, los cuatro magistrados separados interpusieron ante la Secretaría de la Sala Constitucional un recurso de amparo donde se pide de carácter urgente la suspensión del acto reclamado, es decir, la resolución del CN que los destituye del cargo y juramenta a sus sustitutos.

“Con solicitud urgente de suspensión del acto reclamado, en tutela efectiva de nuestros derechos constitucionales y los fueros republicanos”, cita la demanda.

Se cuestiona que el CN se arrogó “la atribución de destituirnos como magistrados del Poder Judicial por supuesta improbación de nuestra conducta administrativa, potestad que no les está conferida expresamente en la Constitución de la República ni en sus reformas; constituyendo en especie un acto arbitrario, proferido con manifiesto desprecio a la legalidad y a la seguridad jurídica que amerita el pueblo hondureño”, lo cual afecta nuestro nombramiento constitucional para el término referido, en violencia al Estado de derecho y al principio de separación y división de poderes en que se fundamenta nuestra forma de gobierno republicana, democrática y representativa”.

El amparo se interpone contra el Congreso.

Derechos violentados

En su demanda, los magistrados detallan la violación de 18 artículos constitucionales y convencionales de derechos humanos.

Argumentan que se “violenta gravemente” lo prescrito en los artículos 1 y 4 de la Constitución de la República contentivos de la declaratoria de la República como Estado de derecho, con un Poder Judicial independiente en el balance de pesos y contrapesos que constituye la parte esencial del sistema republicano.

Advierten que un Poder Judicial sin independencia prevalece la voluntad de unos pocos sobre la ley, convirtiéndolo en un Estado de corte totalitario. Por ello se pide de urgencia revocar lo resuelto por el Congreso.

Además detallan la violación a los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución, sobre que el derecho a la defensa es inviolable y que nadie puede ser declarado responsable de falta alguna sin concurrencia de juicio previo y de las formalidades, derechos y garantías que establece previamente la ley.

“Este bloque de constitucionalidad ha sido prácticamente derogado por el Legislativo, con su actuar errático e irreflexivo aquí censurado, sin analizar a su toral importancia para la vigencia del Estado de derecho, el cual juraron cumplir y acatar al momento de tomar posesión de sus cargos”, cita el amparo.

Se sostiene que la finalidad esencial del Estado de derecho es garantizar los derechos humanos, conculcados por el CN al valorar conducta de magistrados “sin noción alguna de objetividad e imparcialidad y emite juicios de valor sobre las personas sin escucharlas previamente, de conformidad a las garantías mínimas de audiencia y debido proceso”.
Más aún cuando no existe norma previa que autorice y procede el denominado juicio político.

Otra violación constitucional es lo preceptivo de la organización y establecimiento de la CSJ, como un poder independiente, separado y complementario a los demás Poderes.

Según los cuatro magistrados, el Legislativo dio al traste con la independencia judicial al violentar flagrantemente los artículos 4, 303, 304, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 320, 321, 322 y 323 de la Constitución.

Advierten que “de no ampararse la antedicha ejecutoria legislativa, la libertad y derechos de la ciudadanía penderían de un delgado hilo como es la voluntad del legislador”. Esto en relación al desagrado que tengan directivos del Congreso ante fallos judiciales.

El cuarto argumento que se expone es garantías mínimas del procesado, definidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Específicamente al derecho de la ciudadanía a ser juzgada por un juez imparcial, predeterminado en ley.

Se califica que el Poder Legislativo partió de “falsas inferencias” sobre el artículo 205 constitucional, pues una cosa es la atribución legal de revisar la conducta administrativa de los juzgadores y otra de funcionarios estatales.

Finalmente exponen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es enfática en que se cumplan las garantías citadas, sobre la cual existe jurisprudencia en otros países.

De carácter urgente

Los cuatro magistrados destituidos piden que se admita el amparo “con urgente suspensión del acto reclamado por concurrir en el caso situación de extrema gravedad y calificada urgencia, haciéndose necesaria la concesión de la medida cautelar solicitada”.

Se argumenta que suspender lo resuelto por el Congreso evitaría mayores e irreparables daños a la institucionalidad del Estado.

De admitirse el amparo, la Sala Constitucional solicitará antecedentes al Legislativo. Luego, se pediría a la Fiscalía de Defensa de la Constitución que emita un dictamen para emitir una sentencia definitiva, “otorgando la presente acción de amparo por haber mérito constitucional para ello”, que implicaría la anulación de lo resuelto por los diputados.

Además, piden que se integre una nueva Sala Constitucional para que resuelva este recurso.

“Se invita respetuosamente a los señores nombrados en el acto reclamado y al honorable magistrado Óscar Fernando Chinchilla Banegas abstenerse de conocer la presente causa”, cita el amparo.

Por ende se pide que Silvia Santos, Elmer Lizardo, German García, Víctor Lozano y Chinchilla no resuelvan el recurso, porque guardan una relación personal y directa con el acto reclamado.

Trascendió que el recurso sería declarado inadmisible, porque debió interponerse en el Juzgado Contencioso Administrativo. Algunos expertos en derecho opinan que este extremo es improbable, ya que este Juzgado no es competente para conocer este caso.

Protestan contra destitución en San Pedro Sula

Cerca de 20 personas pertenecientes al frente Alianza Democrática Nacional protestaron contra la destitución injustificada de los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los bajos del estadio Morazán, la tarde del miércoles.

Con vistosas pancartas y letreros de desaprobación contra el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, animaban a los conductores sampedranos a “sonar el claxon” en señal de acuerdo con su manifestación. Muchos vehículos obedecieron la petición.

Esta es la segunda vez que dicho grupo realiza un plantón en desacuerdo a la decisión tomada por el Congreso Nacional, que fue considerada como golpe técnico. El abogado Johnny Marinakis, uno de los líderes de la protesta, afirma que a pesar de que “son pocos”, son “muy valientes” y continuaran manifestándose ante una removida de magistrados que consideran “completamente ilegal”.

“La ciudadanía es consciente de los derechos que tiene el país y el respeto que deben tener por la Constitución.

Hemos sacado varios pronunciamientos porque queremos la restitución de los magistrados y que el Congreso tenga el honor de aceptar su error.
De lo contrario, las manifestaciones continuarán y este grupo irá creciendo”, afirmó el abogado.

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