Mañana 3 de enero es un día crucial para la Corte Suprema de Justicia, uno de los tres poderes del Estado, al que se le trastocó su independencia el 12 de diciembre de 2012, cuando el Congreso Nacional madrugó a destituir ilegalmente a cuatro magistrados de la Sala Constitucional sin conocer un informe de la conducta de los togados, el cual el Legislativo había solicitado.
Los magistrados de la Sala Constitucional, Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y José Antonio Gutiérrez Navas, llegarán mañana a la Corte a primeras horas, así como los 11 funcionarios restantes que conforman el pleno. Ocuparán sus oficinas como lo han hecho desde el 12 de diciembre, día en el que el Congreso olvidó la independencia de Poderes y con 97 votos los destituyó.
Con ellos también se presentarán los nuevos magistrados juramentados ese mismo día por el presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández: Silvia Trinidad Santos, José Elmer Lizardo Carranza, Germán Vicente García y Víctor Manuel Lozano, que, según algunos de ellos, el presidente de la Corte, Rivera Avilés, llamó muy temprano para que se presentasen a ser juramentados ese día.
Sala Constitucional
De los cinco magistrados que conforman la Sala Constitucional, solo Óscar Chinchilla se salvó del golpe técnico que les dio el Congreso.
Él también deberá presentarse a laborar mañana y hasta ahora se desconoce la opinión jurídica del magistrado de lo ocurrido a sus compañeros de sala. Aprovechando las vacaciones de fin de año, la Corte Suprema dejó en vilo lo que ocurrirá mañana 3 de enero con la Sala Constitucional, que prácticamente tiene 19 magistrados.
“Desconocemos en su totalidad la determinación del Congreso al separarnos de nuestros cargos. Ha sido una medida ilegal. Por eso vamos a continuar ocupando el puesto. Vamos a regresar aunque militaricen la Corte para impedir nuestro ingreso. Nos van a acompañar el Conadeh (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos), Ramón Custodio y miembros de la Fiscalía y del Consejo Nacional Anticorrupción”, declaró para LA PRENSA la magistrada destituida Rosalinda Cruz.
Varios recursos debe conocer la Sala Constitucional, entre ellos el recuento de votos que solicitó el exprecandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Ricardo Álvarez.
Cruz Sequeira insistió en que la confrontación entre Poderes comenzó desde que la Sala Constitucional declaró inconstitucionales algunos proyectos del Ejecutivo y del Legislativo como el decreto 28-2008 de la Reforma Agraria, la Ley del 1%, la Ley de las Iglesias Evangélicas, la Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo o Ciudades Modelos y la Ley de Depuración Policial.
El Congreso destituyó a los magistrados después de nombrar una comisión investigadora que supuestamente brindó un informe donde señaló que la decisión de la sala “no es congruente con la política de seguridad implementada por los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Piden restitución
Varios sectores, entre ellos el Colegio de Abogados de Honduras, han estudiado jurídicamente la destitución de los cuatro magistrados y han llegado a la conclusión de que es una afrenta a lo que establecen el artículo 4 en relación con el 314 constitucional, lo que violenta la forma de gobierno republicana, democrática y representativa que establece que los tres Poderes son complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación, ejerciendo facultades que la ley no le confiere, ya que solamente en caso de muerte, incapacidad que le impida el desempeño del cargo, sustitución por causas legales o renuncia puede ser nombrado un nuevo magistrado que llene la vacante y en el caso en mención lo que existió fue una destitución de los magistrados.
En varias ocasiones, el Colegio de Abogados le ha solicitado al Congreso Nacional la restitución de los cuatro magistrados y públicamente les pidió a los otros cuatro juramentados, miembros de esta organización, que se abstengan de asumir dichos cargos, mientras la Corte Suprema no se pronuncie sobre los recursos de amparo presentados, ya que podrían incurrir en responsabilidad.
Expertos consultados señalaron que los cuatros magistrados juramentados por Hernández no podrán conformar la Sala Constitucional para conocer el recurso de amparo interpuesto por los destituidos; además aseguran que tampoco pueden ser parte de un tribunal ad hoc.
Ante la crisis judicial, el presidente de la Corte, Rivera Avilés, ha guardado silencio y hasta hoy no se ha comunicado por ninguna vía con sus compañeros destituidos. Lo poco que dijo Rivera Avilés ante los medios de comunicación días después de la destitución fue que se solidarizaba con sus compañeros. Además aseguró que estos pueden llegar el 3 de enero a la Corte y de la misma manera los otros cuatro juramentados por el Congreso.
Todo estaba preparado
La magistrada Cruz Sequeira aseguró que el presidente Rivera Avilés tenía pleno conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo antes, durante y después de su destitución y cuatro de sus compañeros.
“Sabemos que él se presentó al Legislativo en la tarde, noche y madrugada del 12 de diciembre. él sabía todo lo que estaba pasando. Que alguien me diga en qué artículo de la Constitución dice que el Congreso nos puede destituir. La Constitución es clara. Es la carta fundamental, donde se establecen los deberes y derechos. No hay ningún lugar en la Constitución que diga que el Congreso pueda destituir a los magistrados de la Corte. Ellos no tenían ninguna causal para destituirnos. La misma Constitución establece las causales de separación de los magistrados, que pueden ser por razón de muerte, incapacidad que le imposibilite ejercer el cargo o renuncia”, agregó Cruz Sequeira.
Solo los 97 diputados y el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, están de acuerdo con la destitución de los cuatro magistrados, además de algunos pequeños sectores políticos.
No obstante, muchos conocedores de la Constitución de la República y de más leyes como el exprecandidato a la presidencia y analista político Matías Funes aseguran que el Congreso pasó los límites al destituir a los cuatro magistrados.
“El Legislativo se extralimitó al destituir a los magistrados y, si hay un ingrediente político, es más lamentable porque las decisiones deberían ser en apego a la ley. La injerencia política sectaria ha sido fatal en Honduras, ha resquebrajado la institucionalidad y ese es uno de los factores por los cuales la institucionalidad en el país es bastante frágil”, cuestionó Funes tras la destitución de los magistrados.
El tribunal especial
Hasta ahora se desconoce lo que mandará a ejecutar el presidente de la Corte, Rivera Avilés, mañana 3 de enero, cuando 19 magistrados, incluido él, lleguen a laborar. Expertos aseguran que siete magistrados -Jacobo Cálix, Raúl Antonio Henríquez, Marco Vinicio Zúñiga, Víctor Manuel Martínez, Rosa de Lourdes Paz, Edith María López y Tomás Arita Valle- no podrán conocer el recurso de amparo interpuesto por los cuatro magistrados destituidos, ya que emitieron un documento solidarizándose con ellos.
La mayoría de los 11 magistrados han emitido juicios sobre la destitución de sus cuatro compañeros, lo que los imposibilitaría de conformar un tribunal especial. De la misma manera se menciona que el presidente de la Corte puede llamar a jueces para conocer el amparo, pero otros expertos señalan que sería injerencia.
Por otra parte, la Constitución prohíbe la conformación de tribunales especiales y afirma que la Sala Constitucional solo puede estar conformada por cinco de los 15 magistrados. “Solo ellos pueden conocer el recurso de amparo interpuesto, pero será hasta el 3 de enero cuando sabremos qué es lo que pasará en el Poder Judicial. Es necesario que esta crisis se resuelva. Es muy mal vista a escala nacional e internacional”, manifestó el analista Raúl Pineda Alvarado.
Ley orgánica
El fallo contra la Ley de Depuración de la Policía, que fue usado como justificación para asestarle el “golpe técnico” al Poder Judicial, tuvo una vigencia de seis meses y en el momento del fallo ya no era aplicable porque no había sido prorrogada.
Esta ley establecía mecanismos para sacar de la Policía a miembros que no aprobaran las pruebas de confianza.
El 18 de diciembre, es decir, seis días después del golpe contra el Poder Judicial, los mismos diputados aprobaron una serie de reformas de la Ley Orgánica de la Policía.
Estas reformas revisten importancia porque se incluyen en ellas todas las consideraciones jurídicas que llevaron a la destitución ilegal de los cuatro magistrados.
Entre las reformas, que avalan el fallo de los destituidos, está que reprobar la prueba del polígrafo ya no será causal de despido inmediato para un policía.
La reforma ahora establece que se inicia un proceso de investigación y el policía tendrá derecho a la defensa.
En caso de ser reprobado en otras pruebas como psicométrica, toxicológica y socioeconómica, el policía puede ser dado de baja, previa celebración de una audiencia de descargo.
Recurso sería declarado inadmisible
Tegucigalpa. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se presentan mañana a sus labores después de permanecer varias semanas en receso en este poder del Estado.
Los cuatro magistrados destituidos interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. En el escrito plantean que este recurso no sea conocido por los cuatro magistrados, a quienes consideran “de facto” ni por Óscar Chinchilla.
El inconveniente radica en que siete magistrados se pronunciaron, mediante comunicado, en contra de la acción del Congreso y el presidente del Poder Judicial también emitió declaraciones al respecto.
Esto crea un vacío en el Poder Judicial para conocer este recurso al no haber magistrados habilitados para ello.
Fuentes cercanas aseguran que el fallo sería declarado inadmisible con el argumento de que el mismo debió interponerse ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.
Los magistrados que deben la admisibilidad o no de este recurso no han sido nombrados todavía.
Según lo informado, con estos magistrados que buscan su reintegro se buscaría un arreglo administrativo, aunque los propios perjudicados han afirmado que, si en las instancias nacionales no hay justicia, acudirán al ámbito internacional.
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