Un nuevo remezón policial ocurrirá próximamente, según el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Héctor Iván Mejía.
Mientras tanto, el malestar de grupos sociales crece por la lentitud con que la administración del presidente Porfirio Lobo toma acciones para adecentar la entidad.
Aunque a inicios de noviembre fue creada la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial todavía no opera formalmente y Asuntos Internos ya dejó de funcionar.
El director de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, Óscar Manuel Arita, lamentó que el decreto de creación de esa dependencia no estableciera un proceso de transición para asumir sus puestos, aunque ya tiene su acuerdos de contratación.
Arita y el director adjunto Eduardo Villanueva se reunieron ayer en el edificio donde funcionó Asuntos Internos con el exdirector de ese departamento, José Simeón Flores, para informarles sobre el funcionamiento de la desaparecida sección.
“Todavía no hemos tenido una posesión formal de esta dirección; no hemos tomado posesión. Estamos haciéndonos de tiempo para hacer la transición correctamente”.
Aclaró que no se discutió nada en cuanto a los 5,000 expedientes de investigaciones sobre policías que Asuntos Internos le entregará.
La sesión de ayer fue la segunda que los tres personajes tienen en diez días.
Los directores Arita y Villanueva reunieron al personal de Asuntos Internos para indicarles que inicialmente se quedarán trabajando con una parte de los que laboran en el área administrativa y que los agentes de investigación podría ser reasignados el 30 de diciembre. Toda la planilla de empleados será sometida a investigación para determinar quiénes pasarán a la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial y cuántos serán trasladados.
El director adjunto Eduardo Villanueva explicó que su función es ser “primer colaborador” del titular de esa entidad, pero todavía no se ha establecido en detalle cuáles serán esas acciones.
El exdirector de Asuntos Internos manifestó que el listado de cuarenta policías separados enviado al Ministerio Público es analizado por el órgano acusador y este determinará qué elementos hacen para procesar legalmente a los que integran la nómina.
