Tegucigalpa, Honduras
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) señaló este martes que los ciudadanos del país deben 'discutir y resolver sobre la reelección presidencial', por la dualidad que existe al no ser permitida por la Constitución, pero estar habilitada por una resolución judicial.
'Este problema está presente en el país casi desde el inicio del retorno a la democracia, y es impostergable terminar la dualidad entre la Constitución de la República que la prohíbe y una resolución judicial que la habilita. Mientras este problema no se resuelva, continuará como un elemento desestabilizador y de confrontación', indicó la Unah a través de uno de sus organismos.
En un comunicado, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), de la Unah, señaló además que, para asumir la presidencia del país, el ganador de las elecciones lo haga con un porcentaje que supere la mitad más uno de los votos válidos de quienes participan ejerciendo el sufragio.
Deben presentar mayoría
'Quien gobierne debe representar a las mayorías, solo así tendrá legitimidad y un amplio respaldo' y 'después del fin del bipartidismo (luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya), Honduras ha tenido Gobierno de minorías', indicó el Iudpas.La Constitución de Honduras no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad, pero el actual gobernante, Juan Orlando Hernández, lo hizo en los comicios del 26 de noviembre de 2017, con el aval del Poder Judicial.
Según la oposición, además, Hernández fue reelegido mediante un fraude, lo que agudizó la crisis política y social que el país venía arrastrando desde el golpe de Estado a Zelaya en 2009, cuando promovía reformas políticas que la ley no le permitía.
El Iudpas indicó que se deben aprobar reformas para que los partidos políticos no continúen administrando el proceso electoral, incluyendo la representación partidaria en las juntas receptoras de votos, y que la desconfianza mutua solo ha provocado descalificación, desconfianza y rechazo de los resultados electorales.
'Hay que aprobar reformas que garanticen el derecho a la participación política en igualdad de condiciones y de representación de las mujeres y de otros grupos subrepresentados', subraya el pronunciamiento del Iudpas, que dirige la exrectora de la Unah Julieta Castellanos.
Además, el Iudpas considera que se debe regular y controlar los fondos que entran en la campaña electoral, tanto los que proceden del Estado como los de origen criminal.
Al respecto, el Iudpas recordó que los tres partidos mayoritarios de Honduras, Nacional, en el poder; Libertad y Refundación (que lidera Zelaya) y Liberal, todos conservadores, tienen diputados, exdiputados, alcaldes, vicealcaldes, ex funcionarios de Gobierno y familiares del entorno presidencial que han sido pedidos en extradición o han purgado penas en Estados Unidos.
'El financiamiento del crimen a los políticos, distorsiona y debilita las instituciones, atenta y destruye la democracia y el Estado de derecho', enfatizó el Iudpas.
Democracia no ha mejorado
Honduras retornó a la democracia en 1980 y en 1981 celebró sus primeras elecciones después de casi 20 años de regímenes militares.Entonces, en los comicios participaron cuatro partidos políticos y el país tenía unos 4 millones de habitantes, de los que el 60 por ciento eran pobres.
Cuatro décadas después, el país tiene 9,3 millones de habitantes, los pobres superan el 60 por ciento y los partidos políticos suman 14, 3 de ellos reconocidos hace dos semanas.
El Iudpas indicó que el sistema político hondureño evidencia un desfase entre los problemas del país y el interés nacional, el sistema de partidos políticos y la conveniencia o beneficio de sus dirigentes, y la institucionalidad y normativa electoral.
Señaló además que menos de 20 de cada 100 hondureños confían en los tres poderes del Estado.
Según el Iudpas, el modelo político hondureño ha creado un sistema de partidos basado en la exclusión y la inequidad, y el partido que gobierna se constituye como hegemónico y excluyente, asumiendo la supremacía del proceso electoral a través del control de las instituciones electorales. EFE
