Tegucigalpa, Honduras.
Los centros correccionales de menores de Honduras se convirtieron en “almacenes de humanos sin esperanza”, en vista que no existe la rehabilitación, la educación, ni la reinserción social del infractor de la ley, coincidieron expertos y representantes de organismos que atienden a infantes en riesgo social.
Un informe situacional de los niños y jóvenes infractores revela las precarias condiciones en las que cumplen sus condenas más de 464 privados de libertad.
José Ruelas, director de Casa Alianza, dijo que en este momento impera el caos en los centros correccionales porque no se está dando una respuesta integral a la situación de los niños infractores.
Por otro lado, prima la ingobernabilidad porque los jóvenes han sido agrupados y separados por pandillas y eso evidentemente lo que genera, junto al descuido y la falta de atención, que se fortalezcan los patrones de pertenencia a las bandas y maras.
Apuntó que actualmente prima un divorcio entre lo que dice la ley y la política de rehabilitación con la práctica, porque los centros tienen como objetivo generar procesos de rehabilitación de los niños; sin embargo, se han convertido en “almacenes humanos”.
“Debido a la falta de atención y control, los centros han caído en una situación más precaria debido a que no hay procesos de rehabilitación destinados a transformar la forma de creer, sentir, pensar y actuar de estos jóvenes, entonces nosotros creemos que hace falta una visión estratégica de eso”, apuntó.
El defensor de los derechos humanos enfatizó que actualmente el Estado de Honduras se ha limitado a privilegiar el aspecto punitivo, o sea, que la persona tiene que pagar por lo que hizo, pero si no hay procesos de rehabilitación de los niños se está condenando a la sociedad.
“Es decir que si nosotros no rehabilitamos a estos jóvenes, cuando salgan, quienes van a pagar las consecuencias de la no rehabilitación es la familia y la sociedad en donde ellos viven, desafortunadamente no se está invirtiendo en eso”, acotó.
Adicionalmente, hay serias denuncias de corrupción y abusos por parte de funcionarios de esos centros; pero tampoco ha habido una respuesta de la institucionalidad hondureña.
Ruelas lamentó que con la desaparición del Ihnfa se creyó que la situación iba a mejorar; pero se cometió un grave error al entregar los centros a una Ong que no puede administrar procesos de justicia, ya que esa es competencia del Estado.
“Entonces evidentemente la falta de presencia del Estado y el exceso de presencia policial solo para resguardar ha generado los motines, asesinatos y todo este tipo de cosas”, apuntó.
Los centros correccionales de menores de Honduras se convirtieron en “almacenes de humanos sin esperanza”, en vista que no existe la rehabilitación, la educación, ni la reinserción social del infractor de la ley, coincidieron expertos y representantes de organismos que atienden a infantes en riesgo social.
Un informe situacional de los niños y jóvenes infractores revela las precarias condiciones en las que cumplen sus condenas más de 464 privados de libertad.
José Ruelas, director de Casa Alianza, dijo que en este momento impera el caos en los centros correccionales porque no se está dando una respuesta integral a la situación de los niños infractores.
Por otro lado, prima la ingobernabilidad porque los jóvenes han sido agrupados y separados por pandillas y eso evidentemente lo que genera, junto al descuido y la falta de atención, que se fortalezcan los patrones de pertenencia a las bandas y maras.
Apuntó que actualmente prima un divorcio entre lo que dice la ley y la política de rehabilitación con la práctica, porque los centros tienen como objetivo generar procesos de rehabilitación de los niños; sin embargo, se han convertido en “almacenes humanos”.
“Debido a la falta de atención y control, los centros han caído en una situación más precaria debido a que no hay procesos de rehabilitación destinados a transformar la forma de creer, sentir, pensar y actuar de estos jóvenes, entonces nosotros creemos que hace falta una visión estratégica de eso”, apuntó.
El defensor de los derechos humanos enfatizó que actualmente el Estado de Honduras se ha limitado a privilegiar el aspecto punitivo, o sea, que la persona tiene que pagar por lo que hizo, pero si no hay procesos de rehabilitación de los niños se está condenando a la sociedad.
“Es decir que si nosotros no rehabilitamos a estos jóvenes, cuando salgan, quienes van a pagar las consecuencias de la no rehabilitación es la familia y la sociedad en donde ellos viven, desafortunadamente no se está invirtiendo en eso”, acotó.
Adicionalmente, hay serias denuncias de corrupción y abusos por parte de funcionarios de esos centros; pero tampoco ha habido una respuesta de la institucionalidad hondureña.
Ruelas lamentó que con la desaparición del Ihnfa se creyó que la situación iba a mejorar; pero se cometió un grave error al entregar los centros a una Ong que no puede administrar procesos de justicia, ya que esa es competencia del Estado.
“Entonces evidentemente la falta de presencia del Estado y el exceso de presencia policial solo para resguardar ha generado los motines, asesinatos y todo este tipo de cosas”, apuntó.
Situación grave
Orle Solís, comisionado presidente del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Tratos Crueles e Inhumanos (Conaprev), reconoció que la situación de los menores en los centros de internamiento es grave. Este organismo estatal es el encargado de monitorear la situación de los privados de libertad en los cinco centros y proponer recomendaciones para darles protección.
Solís dijo que con base en las visitas que reliza periódicamente su personal se ha logrado cotejar que actualmente no hay procesos de educación y rehabilitación, especialmente en Renaciendo y El Carmen, porque los talleres y la infraestructura ocupacional ha sido destruida por los propios presos.
Lamentó que todas las transiciones que ha habido en el tiempo, desde la creación de la Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS), el Ihnfa y el Dinaf, no han permitido estructurar y reorganizar los centros de detención. “De manera que es preocupante la situación de los menores y sobre todo porque no hay separación por categorías, es decir, que están revueltos todos los que están acusados por extorsión, robo, asesinato y otros delitos”.
Solís recomendó al Estado invertir en nuevos centros que reúnan las condiciones para la rehabiltación de los adolescentes y en eso felicitó a este Gobierno por dar los primeros pasos.
